El Tribunal Federal de Cuentas de Brasil (TCU) ha dado un plazo de cinco días al Ministerio de Salud para que dé explicaciones sobre por qué desde el inicio de la pandemia se ha gastado un millón de reales (más de 150.000 euros) de dinero público en la compra de cloroquina, un fármaco contra la malaria, para tratar a pacientes de coronavirus, puesto que no existen estudios científicos que avalen su uso.
El presidente del TCU, Benjamin Zymler, ha señalado que «no existe amparo legal» para utilizar los recursos del Sistema Único de Salud (SUS) en la compra de este fármaco, ya que tampoco ha contado con la autorización para tal fin de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), o de autoridades extranjeras.
El uso de la cloroquina para tratar la COVID-19 se ha convertido en una cuestión de Estado en Brasil, después de que el presidente, Jair Bolsonaro, se haya mostrado tan a favor de su uso –él mismo la está tomando tras dar positivo– que sus anteriores ministros de Salud, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, optaron por dejar el cargo debido a las grandes diferencias acerca de la conveniencia de administrar este fármaco.
«Como no hubo ninguna manifestación por parte de Anvisa sobre la posibilidad de usar medicamentos a base de cloroquina para el tratamiento de la COVID-19, ni tampoco de organismos internacionales, no hay sustento legal para utilizar recursos del SUS para este fin», ha explicado Zymler, según cuenta Globo.
El responsable del TCU también ha evidenciado el cambio de posición adoptado por el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, quien tras meses defendiendo su uso, en los últimos días aseguró que «nunca» dio autorización al Ministerio para que elaborase «protocolos» para su recomendación y distribución.
Por ello, Zymler ha enviado un escrito al Gobierno de Brasil en el que le reclama que en un plazo máximo de cinco días ofrezca no sólo una postura firme y «coherente» en relación al uso de este fármaco, sino también explicaciones acerca TrateCov, una aplicación móvil lanzada por el Ministerio de Salud en la que se recomendaba a los pacientes con síntomas utilizar medicamentos a base de cloroquina.
INVESTIGACIÓN CONTRA EL MINISTRO PAZUELLO
Por su parte, el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Ricardo Lewandowski, dio luz verde este lunes a la apertura de una investigación propuesta por la Fiscalía contra el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, por su gestión de la crisis sanitaria en el estado de Amazonas, con un sistema de salud colapsado y una demanda de oxígeno no satisfecha que ha abarrotado cementerios y crematorios.
Pazuello, el tercer ministro de Salud que tiene Brasil desde el origen de la pandemia, será investigado formalmente por un posible delito de omisión en sus funciones, después de que la Fiscalía haya presentado un escrito en el se afirma que, pese a ser consciente de la situación, actuó tarde para remediarlo.
Según el informe presentado el pasado sábado ante el Supremo, el Ministerio de Salud fue negligente al no actuar a tiempo aún sabiendo del colapso sanitario al que se enfrentaba Manaos, la capital de Amazonas, así como del retraso de la llegada de oxígeno y de la necesidad de trasladar a muchos pacientes a otras regiones y estados con el fin de aliviar la saturación que sufrían los hospitales.
Brasil ha confirmado este martes otras 1.214 muertes a causa del coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, son 218.878 las personas que han fallecido y más de 8,93 millones las que han contraído la enfermedad, 61.963 en las últimas 24 horas.
