El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha reconocido este sábado en un comunicado que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de la que surgió, es la responsable del asesinato el 2 de noviembre de 1995 del candidato presidencial conservador Álvaro Gómez Hurtado. Gómez fue uno de los artífices y firmantes de la actual constitución colombiana, promulgada en 1991. Su muerte no ha sido esclarecida y su familia apunta a un crimen de Estado.
«Hoy, a pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del Secretariado de las extintas FARC-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho», explica el documento, firmado por alias ‘Timochenko’, Joaquín Reyes, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y otros antiguos jefes guerrilleros.
El político fue asesinado porque lo consideraban «un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra». También dicen que «fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado», quien habría hecho «un aporte fundamental» a la paz.
La carta ha sido remitida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a raíz del acuerdo de paz por la que se disolvieron las FARC en 2018.
La misiva busca así aportar verdad al conflicto y que la familia de Gómez Hurtado y el país sepan de lo ocurrido sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena, explica.
Sin embargo, Enrique Gómez Martínez, sobrino del político y abogado de la familia, ha declarado al periódico colombiano ‘El Tiempo’ que esta carta busca conseguir que en la Fiscalía se cierre la investigación preliminar que ha estado abierta 25 años y que para ellos esto es un crimen de Estado.
«La JEP se está prestando. Su propósito será quitarle la competencia de la investigación a la Fiscalía para efectos de entrar en un procesito de tercera para condenar a algún falso muerto de las FARC fue el que estuvo en esto e impedir que avance la investigación contra (el entonces presidente) Ernesto Samper y Horacio Serpa. Lo habíamos advertido», ha subrayado.
«Ya existen 322 pruebas entre testimoniales y documentales que confirman la ocurrencia de un crimen de Estado (…). Ya han sido parcialmente validadas en el marco de interacción de narcotráfico y Estado», ha argumentado.
En la misma línea, el presidente colombiano, Iván Duque, ha indicado que «adjudicarse esos crímenes, cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel, no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones». «Obviamente, que la justicia cumpla con su tarea, pero también que no vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato», ha apuntado el presidente.
Además, ha advertido de que si alguien se atribuye esta muerte y no corresponde a la verdad, se debe entender «que se está cometiendo un delito para obstruir la justicia en nuestro país». «Queremos que la justicia actúe con contundencia con prontitud y que no desestime ninguna de las consideraciones, ni en las afirmaciones que, también, ha hecho la familia de Álvaro Gómez sobre lo que ellos reclaman debe ser investigado para que se sepa la verdad», ha destacado.
