La ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha denunciado este miércoles 33 ataques contra la libertad de prensa, así como violencia sexual ejercida por la Policía de Colombia a una periodista, durante las últimas protestas contra la violencia policial en el país, que han dejado ya una quincena de fallecidos y más de 500 heridos.
La FLIP ha repudiado estos ataques, que se han producido entre el 9 y el 21 de septiembre, que han venido por parte no sólo de agentes de la Policía –el 76 por ciento–, sino también de algunos manifestantes –24 por ciento–. En total 35 periodistas han sido atacados mientras ejercían su profesión.
Los ataques más frecuentes están relacionados con agresiones físicas, más de una quincena de los registrados, seguidas de las obstrucciones a la labor periodística, detenciones ilegales y situaciones de amenazas durante el desempeño de sus funciones, ha detallado la FLIP en su último informe.
«La FLIP expresa su preocupación porque estas violaciones a la libertad de prensa aún se enmarcan en las prácticas sistemáticas denunciadas por múltiples organizaciones civiles frente a lo ocurrido en las protestas de noviembre de 2019», ha expresado la ONG, en relación a la violencia policial que se desató durante la huelga general de ese año y en la que un agente acabó con la vida de Dilan Cruz, un joven de 18 años.
La ONG, como ya hiciera el Tribunal Supremo esta semana, ha denunciado los ataques y retenciones «arbitrarias» de manifestantes y periodistas por parte de las fuerzas del orden, así como «el uso anti eglamentario de armas potencialmente letales» o «de agentes químicos irritantes» para disolver las protestas.
«Uno de los afectados fue el fotógrafo independiente Andrés Torres, quien fue atacado por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) mientras registraba la detención de una persona por parte de siete agentes de la Policía», ha contado la FLIP, que detalla cómo el reportero fue disparado en el centro de Bogotá hasta en dos ocasiones, a pesar de estar «plenamente identificado como prensa en el casco y brazalete que portaba».
La ONG también ha registrado ataques contra la libertad de prensa ejercidos por manifestantes, como el que tuvo lugar en Bucaramanga, en el departamento de Santander, en donde trabajadores de las cadenas RCN y Televisión Regional de Oriente «fueron agredidos» y «expulsados» durante las últimas manifestaciones.
Entre las agresiones a la prensa está la de una periodista, «que fue sometida a prácticas de tortura y violencia sexual por parte de agentes de la Policía» en la comisaría del barrio La Macarena, en la capital colombiana.
«Exigimos a las entidades de control y a la Policía una investigación pronta para sancionar a los uniformados responsables de la detención ilegal, la violencia sexual y la eliminación del material periodístico», ha solicitado la ONG.
«El domingo 13 de septiembre una periodista estuvo tomando fotografías sobre las repercusiones de la pandemia en el barrio La Macarena. Durante el recorrido, la reportera tomó fotos a unos escudos de dotación de la Policía que estaban en la vía pública recargados contra una pared», relata.
«En ese momento, fue abordada por tres policías de manera desafiante (…) que le acusaban de haber cometido un supuesto delito. (…) Los uniformados la hicieron ingresar de manera arbitraria en la comisaría», en donde «sin justificación real», se le sometió «a un procedimiento de requisa invasiva», cuando una agente le ordenó que «se desnudara completamente y se pusiera en cuclillas».
«Solicitamos al Gobierno que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública», ha dicho la FLIP en referencia a un fallo de tutela que ordenó reformas para frenar la sistemática violencia y arbitrariedad en la que incurre la policía en las movilizaciones.
Si bien la FLIP ha hecho un llamamiento a todos los actores implicados para que respeten y garanticen el derecho a informar, ha insistido al Gobierno del presidente Iván Duque que «de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir» las ordenes del Tribunal Supremo, que ya alertó y criticó las «arbitrarias» y «constantes agresiones» que sufrían los manifestantes por parte de la Policía.
A los cuerpos policiales les ha recordado que no sólo «deben garantizar la labor periodística en estos escenarios», sino que también tienen que perseguir a aquellos uniformados responsables de actuaciones contra la libertad de prensa.
CRÍTICAS DEL TRIBUNAL SUPREMO
El Tribunal Supremo de Colombia afirmó esta semana que la Policía ejerce una «constante agresión», así como una «intervención sistemática, violenta y arbitraria», contra aquellas personas que se manifiestan estos días en las calles por la violencia policial, que ha dejado hasta el momento casi una quincena de fallecidos y cientos de heridos.
Se trata de una de las resoluciones más severas emitidas por el Supremo contra las fuerzas del orden colombianas, en especial contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), al que acusa, al menos desde 2005, de actuar de manera «impulsiva» y no «neutral» contra los manifestantes.
«Sus actividades no controladas representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión», señaló.
Asimismo, condenó la labor del Gobierno de Colombia, pues «a pesar de las reglamentaciones y el alto contenido discursivo de la jurisprudencia en torno a las garantías a protestar pacíficamente», ha demostrado «muy poca efectividad» en lo que respecta a castigar la violencia policial.
Por ello, el Supremo exigió al presidente, Iván Duque, que, en el plazo de un mes, emita una orden administrativa en la que se ordene a todos los funcionarios públicos «mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional», además «de garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales».
EL GOBIERNO DE COLOMBIA LE RESTA IMPORTANCIA
Por su parte, desde Casa Nariño, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, restó importancia a las críticas del Supremo acerca de la brutalidad policial y atribuyó al «comportamiento de algunos agentes aislados» la violencia durante las protestas.
Trujillo se ha limitado a señalar que «hubo excesos» por parte de algunos policías, pero que están siendo ya investigados, y si bien aseguró que está prevista una «modernización» de las fuerzas del orden, también apuntó que el Gobierno presentará un recurso contra el Supremo ante el Tribunal Constitucional.
