El Tribunal Supremo de Colombia ha enviado este martes a la Fiscalía tres de los casos más sonados contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), aquellos que supuestamente le involucran en las masacres de San Roque e Ituango en 1996 y 1997 y en el asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle en 1998 a manos de fuerzas paramilitares.
Todos estos crímenes, que tuvieron lugar cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, estuvieron en manos del Supremo desde 2014 cuando el expresidente asumió el cargo de senador del Centro Democrático, aunque, tras renunciar el pasado 18 de agosto con motivo de las investigaciones en su contra, las investigaciones vuelven a la Fiscalía.
La Sala Especial de Instrucción del Supremo ha explicado que ha perdido sus competencias para juzgar a Uribe, ya que éste renunció a su cargo de senador y, por tanto, a su fuero como congresista, y por ello envía a la Fiscalía General de Colombia dichos expedientes.
Los tres casos que han pasado a disposición de la Fiscalía son los que investigan tres masacres en dos municipios del departamento de Antioquia, cuando Uribe era gobernador. Se trata de los asesinatos colectivos que se produjeron en San Roque e Ituango entre 1996 y 1997.
Según el Supremo, los grupos paramilitares habrían utilizado como «base de operaciones» una de las fincas propiedad de la familia Uribe para la matanza de San Roque, mientras que se investiga la supuesta inacción de Uribe en los asesinatos y crímenes de los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango, cuando era gobernador del departamento.
Por último, Uribe también está siendo investigado por su posible implicación en el asesinato de del abogado Jesús María Valle, concejal de Ituango a finales de los años noventa, abatido por grupos paramilitares, tras denunciar la actividad de estos grupos armados de extrema derecha en la región.
Hace unos días, el periódico colombiano ‘El Espectador’ publicó una entrevista con el hermano de Valle, Darío Valle Jaramillo, en la que se mostró muy decepcionado con la posibilidad de que este caso pasara a manos de la Fiscalía, ya que su responsable, Francisco Barbosa, «es el fiscal de bolsillo del Gobierno».
«Mi confianza en ese proceso bajo su responsabilidad es, matemáticamente hablando, de menos cero», lamentó, en consonancia con otras voces críticas en Colombia con esta decisión, pues cuestionan la independencia de la Fiscalía al estar en manos de un amigo íntimo del presidente, Iván Duque, quien es a su vez uno de los protegidos de Uribe, según amplios sectores del país.
URIBE Y SUS PLEITOS CON LA JUSTICIA
Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, algunos de ellos relacionados con supuestos vínculos con escuadrones paramilitares.
El último de ellos tiene lugar cuando el propio expresidente inicia un proceso contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, a quien denunció por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarle por vínculos con paramilitares.
Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio Uribe, ya que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió el senador progresista en algunas cárceles acusando al expresidente no fueron producto de manipulación ni de pagos.
