El grupo de fiscales del caso ‘Lava Jato’ ha presentado este lunes una nueva denuncia contra el expresidente de Brasil Lula da Silva (2003-2011), esta vez por un supuesto delito de blanqueo de capitales, dos semanas después de que la Justicia del país anulara por unanimidad otra de las denuncias que pesaban contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT).
En esta ocasión, los fiscales han argumentado que, a través de su fundación, Lula habría recibido entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 donaciones irregulares por valor de cuatro millones de reales (unos 640.000 euros) por parte del gigante Odebrecht, en perjuicio de la petrolera estatal Petrobras.
Además del antiguo mandatario brasileño, también han sido denunciados el que fuera su ministro de Hacienda, Antonio Palocci, y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto.
El equipo especial de fiscales ha explicado que si bien estas transferencias se realizaron en un primer momento de manera legal, las cantidades fueron descontadas de los sobornos que Odebrecht pagó para hacerse con una serie de contratos públicos, según ha recogido la cadena ‘Globo’.
De acuerdo con estas investigaciones, fueron los propios Lula y Okamotto quienes pidieron a la constructora brasileña que utilizaran la fundación del expresidente para «disfrazar» estos pagos ilegales, por ello solicitan que ambos sean condenados a devolver esos cuatro millones de reales, así como a reparar los daños morales y económicos que habrían causado al Estado.
A la espera de que la Justicia valore las pruebas aportadas por la Fiscalía y se pronuncie acerca de iniciar o no una nueva causa contra Lula, esta se trataría de la cuarta a la que hace frente el expresidente brasileño en los juzgados del estado de Paraná, en el sur de Brasil.
En dos de ellos, Lula fue condenado por el caso ‘Triplex’, relacionado con su apartamento de Atibaia, un municipio en el estado de Sao Paulo, cuyas obras habrían corrido a cargo de Odebrecht y OAS a cambio de favorecer a estas dos empresas en futuros contratos con la estatal Petrobras.
Por estas acusaciones fue sentenciado en noviembre de 2019 a 17 años de prisión, aunque sólo cumplió 600 días. En mayo, un tribunal federal desestimó el recurso presentado por el expresidente para dejar sin efecto esta condena.
La tercera denuncia, por la que todavía no ha sido juzgado, está relacionada con las irregularidades que se habrían cometido supuestamente en la licitación de unos terrenos para la construcción de la sede del Instituto Lula y en la compra de un apartamento en Sao Paulo.
En esta ocasión, el abogado de Lula, Cristiano Zanin, ha criticado que el grupo de ‘Lava Jato’ «vuelve a recurrir a acusaciones inmateriales contra sus opositores», en un momento, ha recordado, en el que «la ilegalidad de sus métodos» con el expresidente «ha sido reconocida recientemente en al menos tres juicios llevados a cabo por el Tribunal Supremo Federal».
