El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ha presentado este lunes el denominado Pacto Unitario por la Libertad y Elecciones Libres en el que participan 37 partidos y 105 organizaciones de la sociedad y con el que pretende recomponer la «unidad» de la oposición frente al presidente, Nicolás Maduro.
La principal causa de disenso entre los opositores es la participación o no en las elecciones para la renovación de la Asamblea Nacional que preside Guaidó previstas para el 6 de diciembre. Mientras que parte de la oposición ha accedido a concurrir a las urnas, Guaidó y sus afines rechazan esta iniciativa por considerar que se trata de un proceso fraudulento que legitimaría a Maduro.
«Ratificamos el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura y desplegaremos una campaña nacional e internacional por las elecciones presidenciales y parlamentarias», ha afirmado Guaidó en un discurso retransmitido por Internet.
Guaidó ha advertido además a la oposición disidente de que «la única posibilidad de retirar las sanciones e instalar un Gobierno de emergencia nacional, es a través del Consejo de Estado». Por ello, les ha tendido la mano para que se sumen a su propuesta.
«Todos somos necesarios en este proceso. La construcción de la mayoría es importante. Hoy estamos aquí porque no nos hemos rendido ni lo vamos a hacer. La dictadura plantea un fraude y nosotros planteamos, como bandera de lucha, unas elecciones libres», ha argumentado Guaidó.
El documento presentado por Guaidó también expresa la necesidad de asumir como prioridad la «reversión de la Crisis Humanitaria y, por tanto, el necesario saneamiento de la economía nacional hasta logra su estabilización, teniendo como centro el bienestar de las grandes mayorías hoy excluidas por la dictadura».
Asimismo, se establecen la lucha por la «libertad de los presos políticos, civiles y militares, el cese a la persecución y el retorno de los exiliados».
El pacto señala el desarrollo de una «lucha constante por la transparencia y contra la corrupción», para restituir el Estado de derecho y fortalecer las instituciones democráticas. Además, plantea que se abran «canales permanentes de diálogo y consulta con sectores políticos, sociales y económicos fundamentales de la sociedad venezolana».
Por último, plantea «activar el artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular, con apoyo internacional, que permita a todos los venezolanos, dentro y fuera del país, expresar la voz del pueblo y manifestar el respaldo necesario para avanzar hacia nuestra libertad, recuperar la democracia y promover el bienestar para todos los venezolanos».
CAPRILES APOYA LAS ELECCIONES
Mientras, el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles ha reiterado su llamamiento a participar en las elecciones parlamentarias de diciembre para evitar que el Gobierno de Nicolás Maduro haga una oposición «a su conveniencia» y sin perspectivas de futuro: «Hemos decidido dar un paso al frente cuando al parecer nadie más está dispuesto a asumir el riesgo».
Capriles, inhabilitado desde 2017 para ocupar un cargo público, se ha desmarcado en estos últimos días de la línea de Guaidó. Aunque reconoce que no se dan las condiciones para la votación, entre otras razones por la pandemia de coronavirus, cree que el debate «va mucho más allá del falso dilema de votar o no votar» y es necesario «trazar una ruta política clara» construida a partir de «hechos políticos concretos, viables y convincentes».
«Quedarnos de brazos cruzados solo será conveniente para quienes hoy usurpan el poder», ha dicho, en un comunicado en el que ha advertido de que el Gobierno aspira a «construir una oposición a su conveniencia», de la que solo formen parte los grupos menos críticos con las autoridades ‘chavistas’.
Por ese motivo, «hemos decidido dar un paso al frente, cuando al parecer nadie más está dispuesto a asumir el riesgo que implica replantearle el tablero al régimen y ponerlos a confrontar lo que creemos puede ser una derrota política para ellos», ha afirmado. «No podemos dejarle a la gente, especialmente a los más pobres, una decisión entre Maduro o farsantes vestidos de opositores», ha añadido.
El excandidato presidencial no ha aclarado por ahora si respaldará a algunas de las fuerzas que ya se han inscrito, toda vez que el plazo para inscribir candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el viernes y su partido, Primero Justicia, descartó presentarse pese a beneficiarse a última hora de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Medios opositores vinculan a Capriles con un nuevo grupo denominado La Fuerza del Cambio, que sí ha inscrito candidatos, pero ninguna de las dos partes ha aclarado oficialmente esta relación.
INVITACIÓN A LA ONU Y LA UE
El Gobierno de Maduro reiteró la semana pasada su invitación a la ONU y la UE para que enviasen observadores, sin que ninguna de las dos organizaciones se haya mostrado dispuesta por el momento. Capriles ha señalado que, si la UE acepta y aplica su «riguroso protocolo político», habrá «un nuevo escenario político hacia el rescate de la confianza de los venezolanos en la ruta electoral».
«Sabemos que el régimen jugará a su conveniencia, pero ahora tendrán que enfrentarse a los ojos de un organismo que no controlan y que no será cómplice de sus tropelías», ha asumido.
Mientras, Maduro reivindica el proceso electoral y ha advertido este domingo de que «llueva, truene o relampaguee» habrá elecciones el 6 de diciembre. «Que nadie nos venga a hablar de suspender elecciones, nadie en el mundo, así. O más claro: en Venezuela estamos obligados por la Constitución, llueva, truene o relampaguee, a hacer elecciones el 6 de diciembre», ha subrayado.
«Hemos visto elecciones en medio de una pandemia terrible en Polonia, Serbia; en Rusia hicieron un referendo y votaron millones de rusos; en Bielorrusia, Corea del Sur, Surinam, Trinidad y Tobago, República Dominicana y esta semana en Jamaica», ha argumentado. Así, ha denunciado las «maniobras de algunos sectores» para «sabotear e impedir las elecciones del 6 de diciembre».
Esta postura choca frontalmente con la hipotética participación de observadores de la UE en los comicios, ya que Bruselas necesita seis meses de preaviso para preparar una misión electoral.
