El senador por el Polo Democrático Iván Cepeda ha presentado este miércoles una recusación formal contra el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, para que sea apartado de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), ya que considera que su presencia no es garantía de imparcialidad.
Tal y como anunció que haría hace pocos días, Cepeda ha presentado de manera oficial esta petición ante el Tribunal Supremo de Justicia, y en la que también se ha pedido la retirada de la vicefiscal Martha Mancera.
«Esperamos que la Corte designe un fiscal ad hoc y que provenga, no de una terna del presidente, Iván Duque, o de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, puesto que creemos que están también impedidos, sino que sea la propia Corte la que designe a este funcionario», ha dicho.
Cepeda, quien ya fue reconocido como víctima por el Alto Tribunal en octubre de 2019, presentó una demanda contra Uribe hace dos semanas por un delito de injurias y calumnias, después de que el expresidente asegurara en una entrevista para los medios colombianos que el senador del Polo Democrático había actuado «en complicidad» con los jueces del Supremo que decretaron su prisión domiciliaria.
El expresidente Uribe cumple una pena de arresto domiciliario desde hace un mes, en el marco de la investigación que la Justicia colombiana está llevando contra él por un supuesto delito de manipulación de testigos y fraude procesal.
La petición de Cepeda se ha producido días después de que se conociera que el Tribunal Supremo renunciaba a seguir con esta investigación y cedía el caso a la Fiscalía, tras aprobar las tesis presentadas por la defensa de Uribe.
Los abogados del expresidente argumentaron que el Supremo carece ya de competencias para continuar con la investigación puesto que Uribe renunció a su escaño del Centro Democrático en el Senado.
EL PROCESO CONTRA URIBE
Uribe denunció a cepeda por un delito de manipulación de testigos para inculparle por mantener lazos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo archivó la investigación y encontró indicios de que los testimonios que el senador del Polo Democrático había recopilado no eran infundados.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a antiguos paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al delincuente Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que se desmovilizó en su Gobierno en 2006.
Por otra parte, el Supremo ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestas omisiones para impedir una masacre cometida por paramilitares en 1996, cuando ejercía como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde 2014.
