La Fiscalía de México ha solicitado este martes la detención de 46 funcionarios de varios municipios del estado de Guerrero por su presunta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
«Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento hizo la Procuraduría General de la República», ha especificado el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que ha señalado que todos ellos habrían incurrido en delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Dichas órdenes se suman a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo contra varios funcionarios y altos cargos, entre ellos el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, contra el que pesa, además, una alerta roja emitida por la Policía Internacional (Interpol), según ha explicado la Fiscalía en un comunicado.
Así, el documento señala que se ha obtenido finalmente una orden de detención contra José Ángel ‘N’, alias ‘El Mochomo’, por su presunta participación en el caso. Además, el fiscal ha garantizado que se han iniciado nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido previamente tramitados» y que no tiene obstáculo procesal para poder judicializarse».
«Esto ha permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron los delitos», ha manifestado Gertz antes de explicar que ya se han enviado restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck. «Se acabó la verdad histórica», ha remachado, según informaciones del diario mexicano ‘El Universal’.
EL CASO AYOTZINAPA
Los 43 estudiantes de magisterio de la escuela ‘normal’ rural de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.
La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región. Las autoridades no han investigado esta vía.
