La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha sugerido este martes posponer las elecciones generales hasta el mes de noviembre debido al «riesgo que supone el coronavirus».
Durante la entrega de material médico en Tarija, Áñez ha expresado que retrasar los comicios otros 30 o 60 días más «no hará daño a nadie sino que permitirá que todos ganen». Tal y como ha indicado, la pandemia hace que acudir a las urnas sea un riesgo para la salud de la población.
«Estamos enfrentando una crisis política porque en un momento tan sensible como el que vivimos, donde debería prevalecer la solidaridad, tenemos oportunistas políticos, tenemos una Asamblea que en vez de colaborar nos pretende bloquear y eso no es justo para Bolivia», ha aseverado.
Así, ha acusado a la Asamblea y en concreto a la presidenta del Senado, Eva Copa, y sus seguidores, todos ellos del Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales de llevar a cabo un «boicot oportunista». Áñez ha advertido de la «rearticulación del evismo (en relación al líder cocalero) mediante ataques terroristas».
«Es una lástima que en un momento de crisis el evismo vuelva e impulse violencia desde el Chapare y haga que salgan a la calle sin importar el contagio, un contagio masivo que es una irresponsabilidad absoluta», ha lamentado antes de añadir que «no se puede ni debe actuar así en una situación de tanta desgracia».
En este sentido, ha manifestado que no pondrá en riesgo «la democracia y lo que hicimos los bolivianos por reencausar nuestro sistema democrático y ha ratificado que acatará todo lo que establezca el Tribunal Supremo Electoral.
«Llamarnos prorroguistas es tremendamente irresponsable e injusto, porque salir de una crisis política, por defender nuestra democracia y entrar a una crisis sanitaria como la que sufre el mundo entero, no es nada fácil, pero lo que nos hace seguir avanzando es la responsabilidad con el país y con los bolivianos», ha remachado.
Áñez aseguró el fin de semana que cumplirá con lo que decidan sobre las nuevas elecciones la presidenta del Senado y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero sigue sin promulgar el Proyecto de Ley 691, aprobado por el Parlamento y que fija las próximas elecciones presidenciales para el 6 de septiembre.
En respuesta, Evo Morales ha apelado a la comunidad internacional y ha denunciado que «el Gobierno de facto de Bolivia» pretende «impedir la realización de elecciones, profundizando la crisis política e impidiendo que las bolivianas y bolivianos ejerzan sus derechos».
