Los relatores especiales de la ONU sobre defensores de los Derechos Humanos y pueblos indígenas, Mary Lawlor y José Francisco Calí Tzay, respectivamente, han expresado este lunes su «grave preocupación» por el aumento de los ataques contra defensores indígenas en Costa Rica y la impunidad de los mismos, que temen que redunde en más violencia.
Según la ONU, «Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios».
Lawlor ha lamentado que «hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables» de la muerte de Rojas.
Además, ha denunciado que otros ataques contra defensores de los Derechos Humanos han quedado parcialmente o totalmente impunes, alertando de que «hasta que haya investigaciones adecuadas y rendición de cuentas por estos crímenes podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte».
Naciones Unidas ha atribuido las actuales tensiones a la lenta implementación de una ley para la redistribución de las tierras indígenas ocupadas por no indígenas, lo que ha provocado que las comunidades nativas hayan hecho «requisiciones pacíficas» y, en respuesta, «una reacción considerablemente violenta» por parte de los ocupantes.
La ONU ha valorado el hecho de que el Gobierno costarricense haya aumentado la presencia policial en las comunidades afectadas, si bien ha indicado que la falta y lentitud de las investigaciones de las agresiones cometidas han favorecido que «tanto las víctimas como sus familiares sigan amenazadas por los presuntos perpetradores».
A este respecto, ha mencionado el caso de Yehry Rivera, otro indígena bribri que asesinado el pasado mes de febrero y cuya familia «ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano.
Pablo Sibar, otro activista bribri, ha sufrido «ataques incendiarios» aún no investigados, mientras que Minor Ortiz, también de la misma comunidad indígena, recibió en marzo un «balazo» y el culpable, que quedó libre con medidas cautelares, le ha vuelto a amenazar de muerte a él y a su familia.
«Parece que los perpetradores de las intimidaciones, las amenazas, los disparos y los asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas», ha reprochado la experta de la ONU.
Lawlor ha recordado, en un llamamiento respaldado por Calí Tzay, que «la impunidad aumenta el impacto de violaciones de los Derechos Humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos».
