El Gobierno de México ha solicitado de manera formal a Estados Unidos información acerca del operativo ‘Rápido y Furioso‘, con el que desde 2009 se ha introducido más de 2.000 armas de gran calibre en el país azteca, que se han utilizado para cometer numeros y diversos delitos a ambos lados de la frontera.
El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, ha apelado este lunes al «ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países» para solicitar a Washington información acerca de este fallido operativo que ayudó al rearme de los cárteles mexicanos.
Esta controvertida operación tuvo lugar bajo la Administración del expresidente Barack Obama a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), pero sin la aprobación y el conocimiento del Gobierno de México.
La ATF permitió la venta de armas a compradores ilegales en varias ciudades de Arizona, con la esperanza de rastrear este armamento y llegar hasta los líderes de los cárteles mexicanos, tal y como reconoció el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2012.
No obstante, dicho operativo fracasó, «dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido, tan es así que el tráfico ilegal de armas ha seguido creciendo en los últimos años», ha señalado el ministro de Exteriores mexicano.
Pese a que desde la Fiscalía de México de aquellos años siempre negó que el Gobierno, por entonces presidido por Felipe Calderón, tuviera constancia de lo que estaba pasando, Ebrard ha explicado que la identificación de este armamento en territorio mexicano «sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades» del país, «puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización».
Esta petición también se sustenta, ha dicho el ministro de Exteriores mexicano, en el reconocimiento del que fuera secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, «quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento del caso».
«Si en efecto, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo entonces estaríamos hablando de graves violaciones de la Constitución», ha señalado Ebrard, quien ha matizado que si no fuera así, habría sido el Gobierno de Washington quien «habría violado la soberanía nacional» al entregar armas a la delincuencia organizada provocando «homicidios y otros graves delitos» contra la sociedad mexicana.
Ebrard ha avanzado el contenido del texto que enviará a Estados Unidos a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ebrard ha detallado que la Fiscalía ha enviado una solicitud a la ATF para que facilite toda la información que dispone en relación a este asunto desde septiembre de 2019 para que el Gobierno pueda conocer «las declaraciones de los procesados», así como su relación con las armas que han sido recuperadas en México y con aquellas que «aún no se tiene registro de su recuperación».
