El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha presentado junto a la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, y el titular de Hacienda, Ignacio Briones, un proyecto de ley para la creación de un seguro de protección de ingresos para trabajadores informales (que trabajan en la economía sumergida y cobran ‘en negro’).
Los trabajadores que reciban este programa deberán cumplir con dos condiciones. En primer lugar, contar con la declaración de la autoridad sobre catástrofe, calamidad pública o crisis sanitaria y que hayan registrado una reducción de al menos el 20% en sus ingresos.
La cantidad de dinero entregada al trabajador se distribuirá en función de su nivel de caída de los ingresos en los meses posteriores a la catástrofe sanitaria, utilizando como referencia los 12 meses previos al comienzo de ella, con un límite de 500.000 pesos chilenos (550 euros).
El funcionamiento constará de hasta tres pagos dentro de los nueve meses posteriores al comienzo de la crisis sanitaria y llegará, según Piñera, a cerca de 1,2 millones de empleados que podrían extenderse hasta dos millones.
Por otro lado, el fisco chileno realizará un aporte fiscal extraordinario de 300 millones de dólares (275,8 millones de euros) con motivo de la crisis derivada del coronavirus.
La medida anunciada complementaría las medidas tributarias anunciadas por el Ejecutivo chileno en el marco de esta crisis, con el objetivo de proteger a los diferentes sectores de trabajadores del país.
