Datos oficiales de Estados Unidos apuntan a que más de 6.300 personas han sido expulsadas hacia México desde el 21 de marzo, cuando se aprobaron los poderes de emergencia a nivel federal para frenar el contagio del coronavirus. En cambio, el número de cruces fronterizos ilegales ha disminuido también según las autoridades de inmigración de Estados Unidos.
La orden de emergencia de salud pública emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses prohíbe la entrada de extranjeros considerados como un «peligro grave» para la propagación de enfermedades transmisibles.
Desde que se introdujo la medida de los CDC, las detenciones en la frontera disminuyeron en un 50 por ciento, según el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), Mark Morgan, informa la cadena británica BBC. Mientras, menos de 100 personas están bajo custodia de la agencia, una caída del 97 por ciento con respecto al promedio de 3.000.
Según Morgan, la mayoría de los detenidos en la frontera fueron enviados de regreso a México, mientras que otros fueron devueltos a sus países de origen.
Entre los que son enviados de regreso bajo la orden de los CDC están los niños que llegan a la frontera solos y que antes eran transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos para ser protegidos de la violencia y la explotación.
Estos poderes extraordinarios permiten anular leyes de inmigración existentes, lo que agiliza los procesos de deportación, lo que estaría siendo aprovechado para relanzar la «mano dura» de la administración del presidente Donald Trump en inmigración.
«No se trata de inmigración. Se trata de salud pública. Se trata de presentar medidas agresivas de mitigación y contención», ha asegurado Morgan.
Sin embargo, un documento interno de la CBP publicado por ProPublica muestra que el acceso a protecciones como el asilo ha sido bloqueado de forma efectiva, con excepciones otorgadas solo para aquellos que pueden mostrar un temor «razonablemente creíble» a ser torturado.
El martes, los demócratas del Comité Judicial del Senado remitieron una carta al secretario de Seguridad Nacional en funciones, Chad Wolf, quien supervisa las agencias fronterizas, alegando que el uso del Gobierno de la medida de excepción es ilegal.
«Contrariamente a la ley existente, los individuos, las familias y los niños ahora no pueden presentar solicitudes de asilo o buscar otras formas de protección humanitaria y, en algunos casos, están siendo expulsados a países en los que temen ser procesados», indicaron.
La carta también subraya que el gobierno parecía haberse «otorgado poderes radicales para expulsar sumariamente a un gran número de personas» que llegaban a la frontera. «Esto equivale a una sorprendente expansión del poder ejecutivo con el pretexto de una respuesta global a la pandemia», destaca.
