Las autoridades salvadoreñas han informado este domingo de que la Policía Nacional Civil (PNC) ha detenido a 182 personas por haber incumplido la cuarentena de 30 días decretada horas antes por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como medida de contención de la pandemia de coronavirus en el país, que ha registrado hasta el momento tan solo tres casos.
La Policía ha pedido a la población que no salga de sus hogares y ha advertido de que aquel «que sea sorprendido en la vía pública sin justificación, será enviado a cumplir la cuarentena en un centro de retención».
En ese sentido, el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, ha informado que aquella persona que se salta el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, «será procesado penalmente por el delito de desobediencia».
«Hoy más que nunca, debemos velar por la salud de las familias salvadoreñas», ha escrito en su cuenta oficial de la red social Twitter.
El presidente Bukele anunció el sábado por la noche, en un discurso televisado para todo el país, que el Gobierno había decidido decretar una cuarentena domiciliar de 30 días, y restringir así en lo máximo posible el tráfico de personas por las calles de país, con excepciones de aquellas que acudan, siempre de manera individual, a comprar productos básicos y medicinas, funcionarios, así como aquellos que por su trabajo necesiten desplazarse.
«Las personas que no acaten estas medidas va a ser detenidas y llevadas a un centro de contención, además de que se le retirarán otros beneficios», dijo Bukele, quien defendió la necesidad de actuar «rápido» para no padecer «lo que está pasando en Italia, España o Estados Unidos».
Como medidas previas, el mandatario salvadoreño había ordenado el cierre durante 15 días del aeropuerto internacional y los restaurantes habían cerrado sus puertas, salvo para prestar servicio a domicilio.
A su vez, el presidente salvadoreño aprobó una serie de políticas para mitigar el impacto económico de la pandemia del coronavirus sobre los afectados por la misma, entre las que se encuentran la suspensión del pago de la electricidad y el agua o la congelación del cobro de créditos e hipotecas.
