El reciente anuncio de un «paro armado» por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para este fin de semana no ha hecho más que acrecentar la situación de inseguridad y de aislamiento de la región del Catatumbo, en el norte de Colombia, en donde más dificultades están encontrando las autoridades para instaurar la paz, no ya sólo por la complicada frontera que comparte con Venezuela, sino principalmente por los numerosos enfrentamientos entre otros grupos armados, como el Ejército Popular de Liberación (EPL) o las autodefensas. «Tenemos que enviarles un mensaje claro a esos grupos terroristas, a esos grupos como el ELN, como Los Pelusos, o como el Clan del Golfo que han pretendido llegar a las comunidades a intimidar», ha enfatizado este miércoles el presidente de Colombia, Iván Duque.
Desde que las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejasen las armas y se conformaran como partido político, las otras guerrillas presentes en el país, así como las bandas armas de narcotraficantes, se han estado disputando las regiones que tradicionalmente habían sido controladas por las FARC.
Una de las regiones en disputa es la del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, una selvática y aislada zona del país, rica en petróleo que durante la década de los 90 fue lugar de conflicto entre las FARC y los paramilitares de extrema derecha, que ansiaban hacerse con los vastos cultivos de coca.
Con motivo del «paro armado» anunciado tanto por el ELN como por el EPL, varias comunidades del Catatumbo han denunciado sentirse estigmatizadas y confinadas, en especial desde que las FARC cesara sus actividades y las otras dos guerrillas comenzaran con una guerra que desde 2018 ha dejado más de 35.000 desplazados, según el Defensor del Pueblo, y un aumento en los homicidios superior al 27 por ciento con respecto a otros años, de acuerdo con las cifras emitidas por la Policía Nacional de Colombia.
Hay que remontarse a principios del año 2000 para encontrar índices de violencia superiores a los de los últimos dos años, cuando los grupos paramilitares se adentraron en la región para disputarse el control de la misma con las FARC.
«Es un hecho conocido que actualmente el EPL y ELN se han declarado en paro armado y se han identificado amenazas y afectaciones a la integridad física, psicológica y al patrimonio de la población civil», ha denunciado el senador por el Polo Democrático, Wilson Arias, para el diario colombiano ‘El Espectador’.
La sensación de aislamiento ha contado con un nuevo episodio este miércoles después de que se haya anunciado el aplazamiento de los diálogos acerca de las tierras baldías, ya que no se ha podido garantizar la seguridad de las diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio de Agricultura, que tomarían parte en las negociaciones sobre uno de los puntos capitales tras los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, donde la ya extinta guerrilla abogó por un reparto equitativo de la tierra, ya que el 54 por ciento de ésta está en manos del 1 por ciento de los propietarios.
Arias ha insistido en que la presencia del Gobierno es primordial en la muy olvidada región del Catatumbo, pues en caso contrario la actual crisis humanitaria aumentará irremediablemente.
