Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) debate desde este miércoles en Buenos Aires una reestructuración de la abultada deuda argentina, planteada como indispensable por el presidente Alberto Fernández, un peronista de centroizquierda con dos meses en el poder. La misión dirigida por Julie Kozack y Luis Cubeddu es la primera del FMI que visita Argentina desde que Fernández asumió la presidencia en diciembre pasado, en reemplazo del liberal Mauricio Macri, quien en 2018 suscribió un acuerdo stand by por 57.000 millones de dólares.
Su estadía se extenderá hasta el 19 de febrero con reuniones a puerta cerrada «para continuar el diálogo sobre el programa económico del gobierno y las perspectivas económicas», indicó a la AFP un vocero del FMI en Washington.
Fernández sostiene que la deuda es impagable mientras el país -en recesión desde mediados de 2018, con una inflación anual de más de 50%, fuerte depreciación monetaria y aumento de la pobreza y el desempleo- no recupere el crecimiento económico. Por ello, ha planteado una postergación de los pagos.
Partidos y organizaciones de izquierda convocaron a ollas populares, cortes de calles y marchas en la capital argentina en reclamo de «la suspensión de pagos y una investigación de la deuda».
«Pedimos no pagar la deuda porque esos recursos que se están llevando son recursos que producimos con nuestras manos el pueblo trabajador y que tienen que estar en función de nuestras necesidades», dijo Gabriela Fernández, una de las manifestantes.
Del monto acordado por el FMI, Argentina recibió 44.000 millones y el presidente renunció a los siguientes tramos. El total a reperfilar con organismos multilaterales y bonistas privados es de 195.000 millones de dólares (57% del PIB).
– Programa económico –
Al inicio de la presentación ante el Congreso de su plan fiscal, el ministro de Economía, Martín Guzmán, indicó: «Hoy el país enfrenta una carga de deuda que le impide salir de la espiral recesiva».
Guzmán ha tenido ya algunos encuentros con funcionarios del FMI, y Fernández hizo una gira por Europa para conseguir apoyos a su propuesta. Hasta ahora, el FMI y el gobierno argentino se han declarado satisfechos de los intercambios.
Claudio Loser, exdirectivo del Fondo, explicó a la AFP que «no habrá una reestructuración directa con el FMI o el Banco Mundial, sino que probablemente habrá nuevos préstamos que permitan cubrir las obligaciones».
«En el caso del FMI esto solo puede hacerse si Argentina acepta un programa a tres años con pagos a 10 años. Eso debe ser discutido», añadió.
– Prisa para negociar –
Con los mercados prácticamente cerrados, al gobierno de Fernández le urge llegar a un acuerdo antes del 31 de marzo, pues luego los vencimientos serían muy pesados.
Para la economista Marina Dal Poggetto, de la firma EcoGo, «hay margen para una negociación ganar-ganar, pero el problema es que se está dilatando».
Argentina se propone lanzar su oferta a los acreedores a mediados de marzo.
Para 2020 se calcula que los pagos de capital e intereses que deberá realizar Argentina ascienden a 34.300 millones de dólares.
El economista Héctor Rubini estima que en los próximos cuatro años acumularía unos 200.000 millones de dólares. Las reservas internacionales son de 44.680 millones de dólares.
«La negociación es simultánea con el FMI y con los bonistas. Generalmente, el Fondo cobra sin quitas y pretenderá que esa parte la lleven los bonistas. Los bonistas, a su vez, van a pretender que el FMI acepte las quitas y se reconozca como corresponsable», avizoró Rubini.
«En algún momento se van a tener que encontrar todos: autoridades argentinas, técnicos del FMI y grupos de acreedores», añadió.
– Fantasma del default –
Argentina, que en 2001 declaró el cese de pagos por 100.000 millones de dólares y en 2014 se vio sometida al arbitraje internacional, lucha por alejarse del default. Hasta ahora, no ha caído en impagos, aunque la deuda con bonistas bajo legislación local fue reperfilada el año pasado durante el gobierno de Macri.
El martes, tras fracasar un intento de canje, el gobierno de Fernández anunció la postergación hasta el 30 de septiembre del pago de capital de un bono dual (con rendimiento atado a la evolución del tipo de cambio) que vencía el jueves.
