El ministro de Transporte de Argentina, Mario Meoni, ha comunicado este lunes que el Gobierno rescindirá el contrato de obra del soterramiento de la línea de ferrocarriles Sarmiento que había otorgado a un compendio de empresas, en las que se encontraba el gigante brasileño Odebrecht, debido a los altos costes y a las denuncias de corrupción que presuntamente se habrían cometido durante el anterior mandato de Mauricio Macri para su concesión. Meoni ha explicado en una conferencia de prensa en Casa Rosada que el Gobierno «está trabajando y avanzando en la rescisión de los contratos para las obras del soterramiento porque la forma en la que está planteada es inviable».
«Es necesario invertir más de 1.500 millones de dólares y en el marco de la crisis que existe hoy no podemos llevar a cabo una obra de esas características», ha insistido Meoni, quien ha añadido que pese a ello existe un diálogo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para lograr otras alternativas.
«Muchas veces se han tomado decisiones políticas en Argentina que tienen consecuencias económicas muy graves y nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a cuidar los recursos. Quiero ser muy prudente respecto de esto para evitar problemas al sector público», ha defendido el ministro de Transporte.
Meoni hacia referencia de esta manera a las acciones que el anterior Gobierno conservador llevó a cabo cuando a través de la empresa Iecsa, otorgó la obra a la constructora familiar de los Macri. El concurso exigía que la compañía que lograba el contrato debía sufragar toda la obra.
Sin embargo, la alianza de Iecsa con Odebrecht, la española Comsa y la italiana Ghella resultó insuficiente y Macri firmó un decreto por el cual el Estado sufragaba parte de la obra con casi 700 millones de dólares, según ha explicado el diario argentino ‘Página 12’.
No obstante, Meoni ha precisado que, de momento, el Gobierno está evaluando los posibles costes que una rescisión de contrato tendría para las arcas públicas.
«Tenemos tres etapas de discusión: una de carácter técnico sobre cómo se resuelve y se continúa la obra; una segunda de carácter jurídico, acerca de si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado, y una tercera de índole económico, para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no», ha explicado.
SOBORNOS A CAMBIO DE OBRAS PÚBLICAS
Odebrecht está inmerso en innumerables casos de corrupción por toda América Latina. Actualmente en Argentina son tres las causas judiciales en las que la constructora brasileña está siendo investigada.
En una de ellas, el que fuera ministro de Planificación Julio de Vido (2003-2015) fue procesado junto a otras 25 personas en abril de 2019 por haber recibido presuntamente pagos del gigante brasileño a cambio de conseguir los contratos de soterramiento de la línea de ferrocarriles.
La causa investiga las irregularidades que se pudieron haber cometido durante su adjudicación, estimada en unos 3.000 millones de dólares y otorgada en un principio a un consorcio empresarial formado por Odebrecht, Iecsa y las empresas Ghella y Comsa.
La constructora brasileña ha hecho de la corrupción casi algo institucional en más de una decena de países de América Latina, en la que ya es una de las mayores y más mediáticas investigaciones contra la compra de favores en todo el continente, con antiguos presidentes implicados, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el paraguayo Horacio Cartes.
En Argentina, Odebrecht reconoció ante la Justicia de Estados Unidos que entre 2007 y 2014 pagó unos 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le dieron un beneficio de casi 300 millones de dólares.
