La ONG Corporación Jurídica Libertad ha alertado este lunes de que podrían ser más de 100 las víctimas de «falsos positivos«, como se conoce a los casos de civiles asesinados por militares para hacerlos pasar después por guerrilleros y lograr así reconocimientos, tras el comienzo de los trabajos de exhumación cerca de Medellín, en Antioquia.
La directora de la ONG, Adriana Arboleda, ha indicado que en Dadeiba hay reportadas más de 300 víctimas de desapariciones forzadas y un alto número de ejecuciones extrajudiciales. Además, han pedido información sobre otros cinco cementerios en la región, alertando de que podría haber más de 100 víctimas en la región.
Arboleda ha explicado a Blu Radio que cementerios como el de Dadeiba podrían haber sido utilizados para inhumar víctimas de ejecuciones extrajudiciales. «Ha sido corroborado al menos por un testimonio de uno de los comparecientes, que fue un soldado que estuvo en la diligencia y que ha reconocido que el batallón contraguerrilla 79 ejecutó varias personas civiles que fueron llevadas desde Medellín», ha indicado.
Arboleda ha considerado que es un testimonio «muy coherente» con las denuncias que se han hecho sobre víctimas de ejecuciones extrajudiciales en esa zona. «Él da información sobre civiles que fueron asesinados en los municipios y que en los años 2006, 2007 y 2008 organizaciones de Derechos Humanos habíamos reportado como civiles, es muy coherente esa información», ha apuntado.
Por su parte, el juez municipal Nelson Arroyave ha asegurado que al menos el 80 por ciento de la población fue víctima del conflicto y ha añadido que todavía hay mucha gente que desconoce el paradero de sus seres queridos.
Hasta el momento, las autoridades colombianas han aislado ya 14 fallecidos que serían víctimas de la política de «falsos positivos» en Dadeiba. Hasta la fecha, se han exhumado siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos. Un grupo interdisciplinario conformado por médicos forenses, genetistas y antropólogos será el encargado de hacer el análisis de los restos.
Las exhumaciones se enmarcan en el ‘Caso 03’ de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga las «muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado». Ya han declarado 160 uniformados de las Fuerzas Armadas y se han acreditado alrededor de 400 víctimas.
La JEP es la justicia transicional creada por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC que se firmó en 2016 y propició la reconversión de la guerrilla en un partido político, poniendo fin así a un conflicto armado de más de medio siglo.
