Ecologistas en Acción denuncian que el tratado que la Unión Europea ha cerrado con los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) es un acuerdo negociado durante 19 años a espaldas de la ciudadanía, pese a ser el mayor acuerdo comercial alcanzado nunca por la Unión Europea. Afectará a 780 millones de personas y supone un espaldarazo a las políticas extremistas y ultraneoliberales de los presidentes Bolsonaro y Macri. El tratado conlleva una liberalización muy importante del comercio entre ambos bloques que beneficiará fundamentalmente a las grandes empresas europeas de industrias como la automovilística, la química, la farmacéutica o la textil y a los grandes exportadores de productos agropecuarios de los países de Mercosur, a costa de importantes impactos en el campo europeo y la desarticulación de muchos sectores industriales de Mercosur, con repercusiones muy negativas en el empleo y el medio ambiente.
Algunas de las consecuencias que implicará este acuerdo serán las siguientes:
– Europa recibirá una avalancha de productos de los países considerados «los graneros del mundo». Los pequeños productores agrícolas y ganaderos se verán gravemente perjudicados, desaparecerán muchos de ellos y se dificultará la adopción de modelos de proximidad y ecológicos. Crisis como la del sector de la naranja, debida a las importaciones de Sudáfrica, se reproducirán en otros sectores.
– El incremento del transporte de mercancías a larga distancia con el consumo de combustibles fósiles asociado tendrá importantes repercusiones climáticas. Pero además, en lo referente al medio ambiente y la biodiversidad, en los países exportadores se incrementará el ya descontrolado ritmo de deforestación de la Amazonía y otros ecosistemas de gran importancia como el Cerrado brasileño o el Chaco en Argentina y Paraguay, ya muy mermados por la expansión de monocultivos agrícolas (soja) y ganadería (vacuno) a gran escala. El acaparamiento de tierras, las deforestación masiva, la invasión de reservas indígenas y los ataques a personas defensoras de la tierra, ya multiplicados en Brasil con Bolsonaro, se incrementarán aún más para satisfacer las exportaciones a Europa.
– Los consumidores europeos estarán más expuestos a alimentos cultivados en los países del mundo que más productos químicos tóxicos emplean. En Brasil, el gobierno de Bolsonaro está favoreciendo a la industria agroquímica incrementando de forma exponencial el ritmo de aprobación de nuevas sustancias hasta alcanzar más de una al día. Solo en 2019 ha aprobado el uso de 239 nuevos pesticidas, un tercio de los cuales no estarían autorizados en la UE. En Argentina el uso del glifosato de Monsanto/Bayer y otros 40 productos similares está totalmente extendido desde hace muchos años. En Uruguay el 97 % de las frutas y hortalizas presentaban en 2016 residuos de pesticidas.
– Como impuestos que son, la eliminación de aranceles supone un desvío directo de dinero de las arcas públicas hacia las empresas. El propio presidente de la comisión europea Juncker indicó al anunciar el acuerdo que las empresas europeas «ahorrarán cada año 4.000 millones de euros en impuestos» (frente a los 600 del CETA). Todo ese dinero son fondos públicos que los Estados de Mercosur dejarán de recibir de las empresas que exportan allí, en perjuicio de sus poblaciones. Pero en Europa, con una cifra no desvelada pero seguramente mucho mayor, sucederá lo mismo. Se dejarán de recaudar miles de millones de euros de las empresas que venden sus productos en nuestro continente. Es una ingente cantidad de recursos, que en lugar de regalarse a esas multinacionales podrían dedicarse a financiar la transición ecológica o a paliar los efectos dramáticos de la política migratoria de la UE.
Para la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, este tratado supone una de las peores expresiones de la globalización. Los acuerdos tendrán efectos nocivos sobre el cambio climático, la biodiversidad y los derechos humanos, por una parte, y sobre los derechos de los trabajadores, agricultores, pequeños empresarios y consumidores y la salud, por otra. Brasil, por ejemplo, no ha ratificado algunos tratados internacionales muy relevantes en materia de derechos sindicales y de representación y negociación de las trabajadoras y los trabajadores.
Según la campaña el impulso final de las negociaciones, principalmente por parte de España y Alemania, «ha obedecido a intereses de coyuntura política y es totalmente injustificable desde un punto de vista social y del interés general».
La firma de este acuerdo, promovido de forma entusiasta en las últimas semanas por el Gobierno español, supone la legitimación por parte de la UE de las políticas en contra de los movimientos sociales, los sindicatos, los pueblos indígenas y el medio ambiente de los presidentes Bolsonaro y Macri.
El tratado deberá pasar aún por la aprobación de los parlamentos nacionales, por lo que la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión estudiará conjuntamente con diversas organizaciones sociales que se consideren afectadas las acciones a llevar a cabo para tratar de evitar la puesta en marcha de este dañino tratado.
