En el hecho de la corrupción política no hay nada innato, sino una gran falla o fracaso institucional. Los políticos deben ser controlados y, en caso de fallas, investigados. No cabe alegar que no son personas comunes. En el hecho de la corrupción política no hay nada innato, sino una gran falla o fracaso institucional. Los políticos deben ser controlados y, en caso de fallas, investigados. No cabe alegar que no son personas comunes. No tienen fueros especiales. Es ésta una visión “tradicional” de la democracia y el Estado de Derecho. No es admisible.
Una investigación por corrupción no debe ser llevada a la tribuna política, sino a las instancias investigativas y los tribunales, las cuales deberían estar cimentadas en plenos valores profesionales e institucionales.
En medio de muchas similitudes y afinidades políticas, en la Venezuela o el Brasil de hoy -por citar solo dos, de muchos casos- el problema se expresa de formas distintas. Cosas de la complejidad política y la especificidad institucional de cada caso.
En nuestro país no es que el Estado enfrenta problemas de corrupción: es que la corrupción es uno de sus procesos constituyentes. En Brasil, en estos tiempos de declive; sin embargo, cobran valor las investigaciones de rigor, las revelaciones confiables a la gente y el derecho a la defensa. Ha habido avances políticos e institucionales.
Esos avances tienen que ver con lo que llamamos la R & R políticas, constitutivas del Estado de Derecho. La representatividad de una sociedad sana y la responsabilidad personal de los hombres públicos son claves con relación al tema de la corrupción. El trasfondo es solo primigeniamente cultural; pero primordialmente institucional.
Y como dicho, se resuelve en el contexto del Estado de Derecho: la tribuna política no otorga fueros al respecto. Los ciudadanos son iguales y así deben ser considerados por el Poder Judicial y otros. Eso debe estar contenido en la Ley. Los políticos no son personas especiales.
En nuestros planteamientos sobre el valor pivotal de las instituciones para el logro de largo plazo de la consolidación política y económica, el asunto se relaciona con el Estado de Derecho básico y con la R & R políticas.
La Ley garantiza y limita los derechos. No puede haber abuso de los poderosos. El referente de la Ley debe ser una sociedad sana. Y debe haber responsabilidad personal en el ejercicio político y de Estado. Son éstos, “asuntos de diseño institucional de alto valor político”.
Un valor básico a defender es que “no puede haber impersonalidad y fueros en el ejercicio del poder y en actos colectivos”. Una Transición a la Democracia y el Mercado es para la plena realización integral de los ciudadanos. Los individuos y las familias son el centro del interés.
Todo ello, con plena sanidad ética y la superación de todo privilegio tradicional o carismático. La consolidación política y económica de las naciones es también cultural y ética.
* Santiago José Guevara García
Valencia, Venezuela
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