Si el Ejecutivo de Juan Manuel Santos no ha tenido suficiente con el paro agrario que ha bloqueado carreteras y movilizado a Colombia, ahora le viene otra huelga, la de los docentes. Si el Ejecutivo de Juan Manuel Santos no ha tenido suficiente con el paro agrario que ha bloqueado carreteras y movilizado a Colombia, ahora le viene otra huelga, la de los docentes.
Las clases de los 12 millones de estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato que tiene Colombia se han suprimido hasta el próximo jueves. Sus profesores decidieron detener las actividades académicas reclamando que el Gobierno no ha respetado los acuerdos (firmados en mayo) sobre el pago de deudas salariales y garantías en salud y seguridad.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha calculado que la deuda del Estado con los maestros alcanza los 45.244 millones de dólares, de los cuales la nación debe 28.791 millones y los entes territoriales 16.452 millones, según Americaeconomia.com.
Se trata de una cifra astronómica y cuestionable si se tiene en cuenta que el presupuesto anual para todo el sector educativo en Colombia es de 12.853 millones de dólares. “Sería imposible pedir que la paguen ahora, pero el gobierno la debe ir saldando. Más de 411,3 millones corresponden a deudas de hace 10 años”, dice el presidente del gremio de maestros, Luis Alberto Gruber.
Otro de los puntos que desató el paro es la poca calidad en los servicios de salud que se les presta a los maestros y a sus familias. El gremio de educadores insiste en que a algunos maestros les han negado la atención en las salas de urgencias y que la autorización para citas con médicos generales siguen tardando semanas. Por último, Fecode reclamaba la expedición de un decreto prometido por el Gobierno para tomar medidas de protección que acojan a los profesores víctimas del conflicto armado. Decreto que fue declarado por el ministerio el pasado 20 de agosto.
Los profesores insisten en que el paro es necesario y justificado, y piden que el Ministerio de Educación les entregue fechas y cifras concretas que demuestren el cumplimiento de todas solicitudes.
