«El pueblo venezolano debe asumir las consecuencias de la aplicación criminal de un bloqueo económico y medidas coercitivas unilaterales, que como un acto corrupción incuestionable, ha congelado activos por más de 30.000 millones de dólares pertenecientes a la república y que deberían estar destinados a garantizar la alimentación y la salud del pueblo, particularmente en medio de la peor pandemia en 100 años», expresó Arreaza en la reunión que se desarrolla de forma virtual.
El canciller indicó que se trata de una modalidad de corrupción inducida desde centros de poder con intenciones geopolíticas.
«La agresión a Venezuela nos ha despojado de empresas, de fondos, de capacidad de financiamiento, buena parte de esas riquezas ha caído en cuenta de políticos corruptos, de escritorios jurídicos y hasta en manos oscuras en el Gobierno de los Estados Unidos», sostuvo.
Arreaza recordó que el despojo al Estado de la empresa Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ha generado una trama de corrupción internacional de miles de millones de dólares.
El ministro de Exteriores aseguró que la infraestructura del Estado venezolano ha actuado con firmeza contra la corrupción en diversos niveles y mantiene una permanente mejora de la aplicación de los mecanismos existentes basados en la Ley Contra la Corrupción y Salvaguarda del Patrimonio Público.
«Venezuela ratifica su firme compromiso para prevenir, combatir y castigar el flagelo de la corrupción en todas sus dimensiones, como uno de los principales enemigos en la lucha contra la pobreza y el desarrollo y en la consolidación de sociedades equitativas», acotó.
Asimismo, informó que del 7 al 10 de junio de este año, su país iniciará el segundo ciclo del examen de revisión de la aplicación de la Convención contra la Corrupción de la ONU para el período 2016-2021.
