El lunes, Maduro anunció la eliminación de la figura de los «protectores», una suerte de autoridad paralela con la que el chavismo venía a controlar los territorios gobernados por la oposición. Su premisa para las próximas elecciones pasa por que «gobierne quien gane», «a ver cómo les va».
«La oposición ojalá logre la unificación de sus fuerzas porque nosotros queremos salir a batallar con esa oposición unida y que gane quien tenga que ganar», dijo entonces, un día antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmase que en la votación del 21 de noviembre autorizaría la participación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Bajo la MUD, la oposición obtuvo a finales de 2015 su más reciente éxito electoral, gracias a una alianza que le permitió hacerse con el control de la Asamblea Nacional. Los partidos aún reivindican dicha mayoría como la única institución legítima en Venezuela, bajo los mandos de Juan Guaidó, de Voluntad Popular.
La MUD, constituida oficialmente en 2008 al amparo de diez partidos, es una de las 20 formaciones que podrían aspirar el 21 de noviembre a los más de 300 cargos que se pondrán en juego, conforme a lo designado por el CNE, que cuenta desde principios de mayo con dos miembros afines a la oposición.
Esta batería de gestos coincide también con el anuncio por parte de la Unión Europea de una misión técnica llamada a evaluar sobre el terreno si puede desplegar observadores electorales en noviembre, así como con los mensajes llegados de diferentes bandos políticos en favor de un diálogo interno que no termina de concretarse.
RECELO DE LA OPOSICIÓN
La oposición, entretanto, no oculta en líneas generales su recelo hacia este tipo de medidas, si bien la renovación del CNE ya permitió ver en mayo grietas entre quienes, como Guaidó, abogan por una línea más dura frente al chavismo y otros, como el excandidato presidencial Henrique Capriles, que plantean posibles acercamientos en busca de soluciones prácticas.
En lo que sí coinciden tanto Guaidó como Capriles es que Maduro, haga lo que haga, debe ceñirse a la Carta Magna. «Se confiesa dictador cuando la promesa es cumplir (ahora sí) la Constitución», publicó Guaidó el martes en sus redes sociales, en alusión a una serie de agravios recientes entre los que incluyó la designación de «protectores», el «secuestro» del poder judicial y los delitos contra la Humanidad supuestamente cometidos.
«Poco valor tienen promesas vacías, porque los hechos hablan», ha lamentado quien en enero de 2019 se autoproclamara ‘presidente encargado’ de Venezuela. «Solo con acuerdos orientados a una solución al conflicto, acompañados de garantías para todos y respaldados por la comunidad internacional, tendremos la capacidad de que el régimen cumpla y hacer cumplir la Constitución», ha añadido.
Capriles se ha expresado en una línea similar: «Si la línea política ahora será respetar todo el texto constitucional pues seguramente contará con el respaldo de la mayoría del pueblo venezolano». En su opinión, lo que necesita Venezuela es «una solución política acordada que permita sacarlo de la pobreza, de la miseria, no más engaños».
En este sentido, ha advertido de que la desaparición de los «protectores» no puede verse sustituida «por un Estado Comunal que tampoco existe en la Constitución». «¡Se trata de respetar cada palabra del texto constitucional! ¡Que los venezolanos podamos decidir libremente!», ha reclamado.
Los principales grupos de la oposición ya renunciaron a participar en las últimas grandes citas electorales alegando falta de garantías, por lo que quedaron al margen de las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020.
