«La propuesta sería la eliminación de todo el gobierno interino a excepción de tres instancias que consideramos son necesarias para la defensa de los activos en el exterior», expresó en rueda de prensa Alfonso Marquina, de Primero Justicia.
Marquina detalló que la propuesta será presentada ante la comisión delegada de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de 2015, la cual funciona de forma paralela con la de mayoría oficialista, electa en 2021 y reconocida por las instituciones del Estado.
El político opositor señaló que el gobierno de Guaidó se debilitó y no cumplió los objetivos.
«No puede ser que una estrategia cada vez más debilitada, que no ha logrado los objetivos, nosotros pretendamos perpetuarla», comentó.
No obstante, Marquina indicó que mantendrán las juntas «ad hoc» de Petróleos de Venezuela S.A (PDVESA) en la empresa Citgo, con sede en Estados Unidos; la del Banco Central de Venezuela (BCV); y la Asamblea Nacional, para legislar solo sobre temas relacionados a la protección de los activos del Estado bloqueados en el exterior.
Agregó que prevén crear una comisión ejecutiva para la representación de la defensa de los activos en el exterior.
En 2019, Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.
El entonces presidente Donald Trump (2017-2021) reconoció a Guaidó y desconoció al mandatario Nicolás Maduro, quien de forma inmediata rompió relaciones con Estados Unidos.
Sobre Guaidó y sus aliados pesan acusaciones que van desde el robo de Citgo, la petroquímica colombo-venezolana Monómeros, las 30 toneladas de oro que Venezuela tiene depositadas en el Banco de Inglaterra y más de 7.000 millones de dólares del Estado que se encuentran en bancos extranjeros y que fueron bloqueados a través de sanciones.
Además, el Ministerio Público venezolano investiga al líder opositor en más de 25 de causas, entre ellas el secuestro de recursos, usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.
También lo investigan por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con Gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir.