La medida fue anunciada por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, que realizará varias movilizaciones esta semana en la ciudad con la adhesión de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, incluyendo ocupaciones, marchas y «clases abiertas». A la huelga se sumó también la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, que reclama una mayor partida para esa casa de estudios pública y gratuita.
La protesta se realiza en el marco del debate en la Cámara de Senadores del proyecto de Rendición de Cuentas (presupuesto), que debería ser votado este jueves. El viernes, los sindicatos de la enseñanza resolverán si la continúan.
«La huelga es en el marco de la profundización de un conflicto que viene desde hace varios meses, en donde no solo la pata presupuestal está sobre la mesa. Además porque se ha ido avanzando cada vez más en rechazar la reforma educativa (…) que abre la puerta a la mercantilización de la educación porque no se la piensa como un derecho sino al servicio del mercado. Lo que buscan es que las personas estén preparadas como obra barata más que otra cosa», dijo Camila Mencacha, dirigente de ADES, a la Agencia Sputnik.
El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (a cargo de la enseñanza inicial, primaria, secundaria y técnica) aprobó el 22 de septiembre el nuevo plan educativo que deberá regir el próximo año.
El plan prevé la creación de nuevas materias para secundaria, como ciencias ambientales, mundo contemporáneo, comunicación y sociedad y ciencias de la computación (que incluye contenidos como programación y robótica), así como talleres opcionales y prácticos.
Sin embargo, la propuesta no cuenta con el apoyo de los sindicatos de todos los sectores educativos, los cuales denuncian que fue creada sin su participación.
Además, advierten que el nuevo plan de estudios dejaría sin trabajo a unos 650 profesores de cuatro materias afectadas.
«Todos los expertos, sindicatos, gremios estudiantiles venimos diciendo que este camino que se está tomando no es correcto, pero ellos continúan elaborando documentos y cada vez es peor. Se establece una nueva malla curricular, en donde se recortan horas, se colocan materias de carácter optativas de manera absurda y quieren implementar esto para el año que viene cuando a priori no existen planes», argumentó Menchaca.
La dirigente consideró que la reforma educativa es «un ataque a la educación pública» y recordó que desde que llegó la administración de Lacalle Pou los presupuestos para el sector «van a la baja».
Hace varias semanas que los sindicatos de la educación, tanto de docentes como funcionarios y estudiantes, llevan adelante una creciente movilización con ocupaciones de centros de estudio y marchas.
El Gobierno se ha mantenido en su posición. El presidente del Codicen, Robert Silva, aseguró que la reforma no afectará los puestos de trabajo de los profesores, y exhortó a los alumnos a concurrir a los centros educativos pese al llamado a huelga, considerando el gran número de clases perdidas durante la pandemia del covid-19.
En tanto, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, descartó decretar la esencialidad sel sector (que obligaría a mantener turnos de emergencia y permitiría aplicar sanciones).
PRESUPUESTO
Otro de los objetivos del paro es reclamar más recursos en el marco del debate del presupuesto en la Cámara de Senadores.
«Venimos de un recorte de 151 millones de dólares en estos dos años. Este año hay una considerable recuperación sobre todo en incrementos salariales, que fueron negociados. Pero nosotros veníamos perdiendo salarios en los últimos años», afirmó Menchaca.
La dirigente señaló que se necesita más tiempo para analizar el proyecto que se debate en el Parlamento.
«Creemos que este dinero tiene que tratar las urgencias que tiene la educación pública, que tiene que ver con infraestructura, con un sistema integral de becas y con la enorme vulnerabilidad alimentaria en la que se encuentran los estudiantes», indicó.
MEDIDAS
Por otro lado, Menchaca denunció que desde el Gobierno hay un «incremento muy grande de la persecución contra gremios de docentes y estudiantes».
«Hay intentos de sanciones a estudiantes y de obligar a profesores a señalar a los estudiantes que vienen de los gremios. Además, hay una actitud de las autoridades de no dialogar, apostando simplemente a la sanción», advirtió.
Consultada sobre si tomarán más medidas en caso de que el Gobierno no escuche sus reclamos, afirmó que este viernes habrá una asamblea para evaluar el desarrollo de este conflicto y en función de eso se establecerán nuevas acciones.
