Los estudiantes, que exigen que se garanticen los derechos del sector educativo, han recalcado que una educación de calidad y popular es fundamental para el país. Así, han realizado un paro de 24 horas en rechazo a la iniciativa de las autoridades, la cual consideran «neoliberal y mercantilizadora».
Frente al Consejo Directivo Central (Codicen), los manifestantes han expresado su «preocupación y más profundo rechazo» a la iniciativa del presidente del organismo, Robert Silva, de modificar la diversificación de las opciones de bachillerato hasta ahora existentes implementando un bachillerato común, con la posibilidad de elegir opciones en sexto año.
Asimismo, han exigido un mayor presupuesto en materia de educación y han denunciado grandes recortes presupuestarios desde 1985. Los colectivos que han convocado la marcha han exigido, a su vez, un presupuesto «digno».
Varios medios locales sostienen que el presupuesto en educación se redujo en un punto porcentual del PBI en 2021, el mayor recorte desde la llamada «recuperación democrática» de Uruguay. La reforma educativa impulsa entre otros elementos la eliminación de los bachilleratos diversificados.
A mediados de agosto, cientos de estudiantes rechazaron los planes de recorte presupuestario del Gobierno, que ha recortado cinco millones de dólares de los programas de alimentación escolar durante los últimos 18 meses.
