La activista y profesora Vannesa Rosales lleva encarcelada más de tres meses, a la espera de juicio, por haber ayudado a abortar a una niña de 13 años de la ciudad venezolana de Mérida, que fue violada por un varón de 52 años que tiene una orden de captura pero sigue en libertad al haberse fugado.
Rosales fue detenida el 12 de octubre de 2020 y desde el 11 de enero se encuentra en arresto domiciliario acusada de los delitos de «agavillamiento» –asociación criminal–, asociación para delinquir y aborto inducido por tercero por haber facilitado a la menor, de la que fue docente, información y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo, según informa la organización feminista 100% Estrógeno, que ha puesto en marcha una campaña para pedir justicia para la activista.
Junto a la profesora, fue detenida la madre de la menor, quien finalmente solo pasó unos días en prisión porque tiene bajo su custodia a varios menores, entre ellos un lactante. Precisamente, fue ella quien recurrió a Rosales para obtener ayuda para la niña que había sido violada por un vecino de la comunidad donde residen, Pueblo Nuevo.
El presunto autor, Carlos Alberto Terán, de 52 años, fue detenido tras la denuncia de la madre ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), si bien fue puesto en libertad después, informa el medio venezolano ‘Efecto Cocuyo’.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado, a través de su perfil de Twitter, de que el presunto autor tiene una orden de captura que se acordó en el mes de noviembre.
La detención de Rosales ha despertado una ola de apoyo por parte de cerca de 200 colectivos feministas y a favor de la despenalización del aborto en Venezuela, uno de los países de América Latina con la legislación más restrictiva.
Todo ello, logró que la activista dejase la sede del CICPC donde se encontraba recluida y ahora se encuentra en arresto domiciliario, mientras organizaciones como 100% Estrógeno piden libertad y un proceso justo para la activista.
«En este proceso se han incumplido importantes garantías judiciales previstas en la legislación nacional y en tratados internacionales, dentro de las que se incluyen: la realización de la audiencia de flagrancia 4 días después de su detención, superando las 36 horas que establece la ley, amparados en un diferimiento presentado por el Ministerio Público, 48 horas posteriores a su aprensión; la falta de acceso a la acusación formal, así como al expediente de Vannesa por parte de sus defensores», ha lamentado la organización, que ha asegurado también que la defensa de Rosales no ha podido reunirse de forma privada con ella.
En este sentido, ha criticado que las autoridades judiciales venezolanas «están violentando» el proceso y derecho de defensa de Rosales, cuya acusación, ha subrayado 100% Estrógeno, «ocurra en un país en el que las niñas y adolescentes está expuestas a diversas formas de violencia sexual».
«Mientras que en muchos países la violación es una causal para que las niñas, adolescentes y mujeres accedan a una interrupción voluntaria del embarazo, en Venezuela se criminaliza a defensoras de Derechos Humanos», ha agregado la organización.
De este modo, y con el lema #JusticiaParaVannesa, distintas asociaciones pretenden obtener la «libertad plena» para la activista que consideran «víctima de vicios e ilegalidades» que «son una práctica común en el sistema de justicia venezolano».
Asimismo, abogan por la despenalización del aborto en el país, que no contempla esta opción tampoco en casos de violación.
