La decisión del Gobierno de Guatemala de aprobar y luego prohibir la apertura de una organización no gubernamental especializada en planificación familiar reavivó la polémica en torno al aborto, con el siempre candente cruce de argumentos entre defensores y críticos.
Aunque lleva años apoyando proyectos de salud sexual en Guatemala, la organización estadounidense Planned Parenthood no pudo concretar su constitución en ese país, incluso tras recibir el visto bueno del Ministerio de Gobernación, por el rechazo de los llamados grupos «provida».
Entre otras lindezas, las voces más conservadoras de la sociedad guatemalteca calificaron a Planned Parenthood de ser una «trasnacional abortista» y la acusaron -sin pruebas- de querer imponer una agenda para cambiar artículos pétreos de la Constitución de la República.
La presión social fue tal que el presidente Alejandro Giammattei recurrió a sus redes sociales para dejar claro su rechazo a «cualquier organización que vaya en contra de la vida» y se comprometió a derogar el decreto ministerial que autorizaba la apertura de Planned Parenthood en el país.
La derogación fue firmada por Oliverio García, quien inmediatamente renunció como ministro de Gobernación, tras cinco meses en el cargo.
La Fundación Vida SV publicó en Twitter que, de entrada, la aprobación de Planned Parenthood fue ilegal pues no salió de una discusión pública ni política, y «aun así les han impuesto el negocio del aborto a la fuerza».
Por su parte, el diputado y excandidato presidencial Álvaro Arzú instó a Giammattei a ordenarle al canciller Pedro Brolo a firmar la llamada Declaración de Ginebra contra el aborto.
«Que Guatemala mande un mensaje alto y claro al mundo que rechazamos el aborto», escribió el legislador, también en Twitter.
UNA HISTORIA DE ANATEMAS
Fundada en 2016 y dirigida a evitar embarazos no planificados mediante la promoción de métodos anticonceptivos, Planned Parenthood se define como una entidad educativa y un proveedor confiable de servicios de salud reproductiva.
La organización, con sede en Estados Unidos, afirma que su misión incluye el trabajo para reducir el contagio de las infecciones de transmisión sexual, detectar el cáncer cervical y ofrecer los servicios de aborto en los países donde es permitido.
Para el abogado y economista Edgar Ortíz, docente en la Universidad Francisco Marroquín, revertir el reconocimiento jurídico de esta ONG golpeó el derecho constitucional a la libre asociación en Guatemala.
«Esto es grave y debe importarle tanto a usted como a mí, independientemente de la opinión que cada uno pueda tener sobre Planned Parenthood», advirtió Ortíz en su blog personal, donde reconoció que casi un 90 por ciento de los guatemaltecos rechaza la legalización del aborto.
El también director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo agregó que la medida sienta un precedente que permitiría al gobierno revocar derechos previamente reconocidos sin pasar por el control de un juez ni justificar debidamente su decisión.
«En pocas palabras, su derecho y mi derecho a la libre asociación quedan completamente desprotegidos y a merced del capricho del gobierno», acotó Ortíz.
UNA COMPLEJA REALIDAD
Si bien en Guatemala el aborto es ilegal, el artículo 137 Código Penal admite el terapéutico cuando corre peligro la vida de la gestante.
Sin embargo, en el Congreso gana terreno un anteproyecto de «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», que amplía la criminalización del aborto y expone a procesos penales incluso a mujeres que sufran la pérdida espontánea del embarazo.
Más conocida como Ley 5272, esta iniciativa fue presentada en abril de 2017 por el partido derechista Visión con Valores (VIVA), y propone elevar de 3 a 10 años la pena de cárcel para quienes decidan interrumpir su embarazo.
«También incluye definiciones de ‘familia’ y ‘diversidad sexual’ abiertamente discriminatorias, que contravienen derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero», alertó entonces el observatorio internacional Human Rights Watch.
Dicha normativa resulta cuando menos inquietante en un país donde unas 5.000 niñas de entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en 2019, según el Observatorio de los Derechos de la Niñez, y donde toda relación sexual con menores de 18 años es tipificada como violación.
Según cifras extraoficiales, en Guatemala se registran unos 65.000 abortos al año, y más de un tercio son inducidos sin las condiciones sanitarias básicas, con el consiguiente riesgo para una gestante que quizás sea víctima de circunstancias desesperantes.
La publicación feminista La Cuerda precisó que entre enero y septiembre pasado unas 3.000 menores de edad fueron evaluadas por delitos de violencia sexual, y la cifra podría ser mayor, pues las que denuncian suelen chocar con la incredulidad de los adultos.
UNA REIVINDICACIÓN
En Guatemala existen colectivos que luchan por ampliar las causales más respetuosas de los derechos de las embarazadas, y reaccionaron a la reciente medida contra Planned Parenthood con reclamos de más educación sexual y menos clases de religión.
«El discurso ‘provida’ es la vieja confiable de los políticos para distraer la atención pública», criticó La Cuerda desde la red social Twitter, mientras se pregunta dónde está la indignación del presidente Giammattei ante los sonados casos de corrupción en su administración.
A su vez, el diputado Samuel Pérez también recurrió a sus redes sociales para espetarle a Giammattei que recortar programas sociales y fondos de salud para asignarle millones de dólares a ministerios y a empresas de seguro «no es ser ‘provida’, es ser hipócrita».
