La Justicia colombiana ha reanudado este martes la audiencia para decidir el futuro del proceso penal contra el expresidente y antiguo senador Álvaro Uribe, que se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser imputado por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
Ahora, una jueza de un tribunal de Bogotá decidirá que si el proceso continúa por la ley 600, que rige para los aforados, o si, por el contrario, pasada a ser juzgado en el marco de la ley 906 como parte del sistema penal acusatorio.
Su decisión establecerá qué autoridad es la competente para decidir si Uribe continúa bajo arresto domiciliario o si es puesto en libertad por el momento, según informaciones del diario ‘El Tiempo’.
Si el proceso continúa bajo la ley 600 será la Fiscalía la responsable de tomar la decisión sobre la libertad de Uribe. Si pasa al sistema penal acusatorio, la decisión tendrá que tomarla un juez de control de garantías.
La suspensión de la audiencia se produjo el pasado 16 de septiembre para que la jueza en cuestión pasase a valorar si hay jurisprudencia o no para declararse competente para resolver la situación actual de Uribe después de que la defensa de una de las partes afectadas, el senador Iván Cepeda, defendiera que la magistrada no contaba con las competencias legales para dejar libre a Uribe.
El exmandatario tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, algunos de ellos relacionados con supuestos vínculos con escuadrones paramilitares.
Este caso se trata de una investigación por supuestos delitos de fraude electoral y manipulación de testigos, surgido después de que el propio expresidente iniciara un proceso contra el senador Cepeda, a quien denunció por dirigir una supuesta red de manipulación de testigos para acusarle por vínculos con paramilitares.
Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio Uribe, ya que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió el senador del Polo Democrático en algunas cárceles acusando al expresidente no fueron producto de manipulación ni de pagos.
La defensa de Uribe, al igual que la Fiscalía, se ha opuesto a las peticiones de las víctimas y ha defendido que el proceso debe someterse a la ley 906, norma que rige la justicia ordinaria, ya que el acusado ya no tiene fuero constitucional.
