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Protestas

La Fiscalía de Colombia encuentra con vida a diez personas que desaparecieron durante las últimas protestas

La muerte de Ordóñez ha levantado una ola de indignación, no solamente en las calles, sino también en algunos despachos de la política colombiana.

Una manifestante durante las recientes protestas contra el Gobierno de Colombia y la violencia policial, celebradas en Bogotá

La Fiscalía General de Colombia ha informado este martes de que ha logrado hallar con vida a las diez personas que supuestamente habían desaparecido durante las protestas que se celebraron los pasados 9 y 10 de septiembre por la muerte a manos de la Policía del estudiante de Derecho y taxista Javier Ordóñez.

La operación, explica la Fiscalía en un comunicado difundido en redes sociales, se ha llevado a cabo en colaboración con la Policía Judicial (SIJIN), los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y los servicios de Inteligencia de la Policía (SIPOL).

La presunta desaparición de estas 10 personas fue comunicada por sus familiares a las autoridades de Bogotá, después de las manifestaciones que se celebraron en la capital para protestas contra la violencia policial y que acabaron en unos fuertes disturbios, que se saldaron con más de 300 heridos y una docena de fallecidos.

Las protestas, en un principio pacíficas, se habían convocado por la muerte de Javier Ordóñez, de 42 años, quien tras una intervención policial en la que fue sometido a descargas eléctricas, y su posterior traslado a una comisaría, murió a causa de los golpes que recibió, según los estudios periciales y de los forenses.

Los dos agentes de la Policía implicados, Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, fueron apartados de sus cargos y, a petición de la Fiscalía, se les decretó su entrada en prisión como medida preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones.

La muerte de Ordóñez ha levantado una ola de indignación, no solamente en las calles, sino también en algunos despachos de la política colombiana, que han solicitado al Gobierno del presidente, Iván Duque, una revisión y reforma de los cuerpos policiales, hasta el momento militarizados y por tanto dependientes del Ministerio de Defensa y fuera del alcance del escrutinio civil.

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