Human Rights Watch (HRW) ha criticado la propuesta legislativa promovida en Chile para castigar penalmente a quienes nieguen los abusos cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet, alegando que, «por hirientes que resulten «estas opiniones, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales».
La Cámara de Diputados chilena aprobó el 22 de septiembre un proyecto que penalizaría con hasta tres años de cárcel a quien «justificare», «aprobare» o «negare» violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el período de la dictadura que comenzó en 1973 y se prolongó hasta 1990.
Según el documento, las sanciones solo se aplicarían a expresiones que «perturben el orden público» o «impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima» el ejercicio de derechos por parte de terceras personas, pero HRW ha recordado que los límites a la libertad de expresión únicamente son posibles en circunstancias muy específicas.
De cara a su próximo debate en el Senado, el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, ha asegurado en un comunicado que el texto «contraviene estándares internacionales de Derechos Humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país».
«Sancionar las expresiones ofensivas no es una forma eficaz de contrarrestarlas, e incluso podría resultar contraproducente», ha advertido Vivanco, que teme que os castigos «pueden convertir a los sancionados en víctimas y conseguir que sus ideas generen aún más atención».
