El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha restado este miércoles importancia a las críticas del Tribunal Supremo sobre la brutalidad policial y ha atribuido al «comportamiento de algunos agentes aislados» la violencia durante las protestas.
Si bien la corte ha solicitado algún tipo de disculpa por parte del Gobierno, Trujillo se ha limitado a señalar que «ha habido excesos» por parte de algunos policías y ha insistido en que esos casos están siendo investigados.
Así, ha asegurado que está previsto que se lleve a cabo cuanto antes una «modernización» del Cuerpo de Policía, aunque ha anunciado que el Gobierno presentará un recurso contra el Supremo ante el Tribunal Constitucional.
Se trata de una de las resoluciones más severas emitidas por el tribunal contra las fuerzas del orden colombianas, en especial contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), al que acusa, al menos desde 2005, de actuar de manera «impulsiva» y no «neutral» contra los manifestantes.
«Sus actividades no controladas representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión», ha señalado.
El Supremo también ha dado 48 horas al Ministerio de Defensa para que emita disculpas de manera oficial a todo el país por los desmanes cometidos por las fuerzas policiales y militares durante la huelga nacional de 2019, en la que el joven de 18 años Dilan Cruz murió a manos de un capitán del ESMAD.
Asimismo, ha ordenado al ESMAD que en 48 horas «suspenda el uso de las escopetas calibre 12», el arma, que contiene entre 600 y 700 perdigones de plomo, con la que Cruz fue disparado el 23 de noviembre de 2019, durante las protestas en Bogotá. También que envíe a la Fiscalía toda la documentación existente para que continúen las investigaciones sobre el caso.
El Tribunal Supremo también ha analizado los incidentes e intervenciones desproporcionadas llevadas a cabo por las fuerzas del orden desde 2005, como las agresiones registradas durante la manifestación nacional de los pueblos indígenas en 2017; las protestas universitarias en Bogotá y Barranquilla dos años después; numerosas muertes; y los casos de personas que han perdido al menos uno de sus ojos tras sufrir el impacto de proyectiles lanzados por la Policía.
