Manifestación en Buenos Aires de los familiares de los desaparecidos en el submarino ARA San Juan
El Gobierno argentino ha denunciado este miércoles un operativo de espionaje ilegal, supuestamente realizado por el gobierno anterior, a los familiares de las 44 víctimas del submarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017 y encontrado en el fondo del mar un año después.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ha revelado que ha encontrado tres unidades de almacenamiento en las que hay archivadas fotografías e información sobre seguimientos a los familiares de las víctimas con fechas situadas entre enero y junio de 2018.
En ese periodo, el submarino aún se encontraba desaparecido y los familiares de las víctimas realizaban numerosas acciones de protesta e incluso llegaron a acampar en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para reclamar mayores esfuerzos en los operativos de búsqueda.
Las pruebas han sido entregadas a la Justicia y se ha solicitado que se interrogue entre otros al ex director general de la AFI, Gustavo Arribas, y al ex presidente de Argentina en ese momento, Mauricio Macri, según el comunicado publicado en Twitter por el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi.
Rossi ha acompañado el comunicado con un mensaje en el que ha afirmado que «cuando tenían que poner toda la energía y los recursos en buscar al submarino ARA San Juan y contener a las familias de los tripulantes se dedicaron a espiarlas. Ilegal e inhumano».
Según el comunicado, en la denuncia interpuesta, la interventora general de la AFI, Cristina Caamaño, ha asegurado que «queda claro que los familiares de las víctimas no pertenecen a grupos terroristas y/o de criminalidad organizada» y que las actividades no contaban «con algún tipo de venia jurisdiccional».
El 15 de noviembre de 2017, el ARA San Juan alertó de un fallo mecánico antes de desaparecer en el mar. Un año después, tras una misión de búsqueda internacional, fue encontrado a 800 metros de profundidad por un buque de rastreo contratado por el Gobierno argentino de Macri.
En declaraciones a la agencia de noticias argentina Télam, los familiares han anunciado que intervendrán como querellantes en el expediente de esta nueva causa.
Este no es el primer expediente sobre presuntos espionajes ilegales que salpica al anterior ejecutivo encabezado por Mauricio Macri, ya que fue imputado el pasado mayo acusado de realizar operativos ilegales dirigidos a periodistas, políticos y efectivos de la Policía.
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