La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) ha urgido al Gobierno de Iván Duque a «multiplicar» las medidas de protección a activistas ante la ola de asesinatos contra ellos, que se enmarca en la creciente violencia en el país.
«La MAPP/OEA hace un llamado al Estado colombiano a multiplicar las medidas de prevención y protección del liderazgo social y de la población civil que habita zonas fuertemente impactadas por la violencia y la inequidad, reconociendo su preocupación y las diversas iniciativas implementadas hasta la fecha», ha dicho en un comunicado.
Según cálculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo vinculado a la OEA, «al menos 24 personas defensoras de los Derechos Humanos, líderes sociales, comunales, indígenas o afrodescendientes» han sido asesinados en Colombia en lo que va de año.
Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, el país ha sufrido un repunte de la violencia debido, sobre todo, a la pugna entre grupos rivales para apoderarse del territorio y los negocios de la extinta guerrilla, entre ellos el narcotráfico.
De acuerdo con Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos y 173 ex guerrilleros de las FARC, si bien las ONG alertan de que las cifras serían mucho mayores.
La OEA también ha llamado la atención sobre «las persistentes afectaciones a varias comunidades del país a causa del conflicto armado y la criminalidad, en medio de los enormes desafíos y amenazas que supone el Covid-19».
En concreto, ha apuntado a un «incremento de la tensión social en el marco de las erradicaciones forzadas de cultivos ilícitos en regiones como Caquetá, Putumayo y el Catatumbo, donde se registró una lamentable muerte».
Por ello, «en estas horas difíciles», la OEA ha reiterado su llamamiento a los grupos armados a «cesar todo tipo de afectación contra la población civil, la infraestructura y el ambiente, así como a respetar la integridad del personal médico, sanitario y humanitario, público y privado, que trabaja incansablemente para afrontar la emergencia sanitaria».
El bloque regional también ha instado a «la sociedad colombiana en su conjunto a priorizar la convivencia pacífica, el bien colectivo, la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales».
Además, ha destacado «los esfuerzos que están adelantando las autoridades para prevenir y contrarrestar los efectos del Covid-19» y las ha alentado a «disponer los recursos y las acciones necesarias para atender a las poblaciones que, en las actuales circunstancias, son vulnerables tanto al virus como a los efectos de las violencias y la desigualdad».
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