El ministro de Justicia boliviano, Álvaro Coímbra, ha indicado este jueves que el Gobierno va a iniciar «un proceso» con vistas a una «conciliación» con la empresa española que medió en la adquisición de 170 respiradores, al tiempo que ha aclarado que se pedirá la cooperación de la Fiscalía española con vistas a aclarar la «situación legal» de la empresa en España.
La compra de 170 respiradores por parte del Gobierno boliviano a la empresa española GPAinnova con la firma, también española, IME Consulting como intermediaria y el aval del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) ha creado una grave crisis política en el país, dado que se habría pagado más de 27.000 dólares por unos aparatos cuyo precio de mercado sería de entre 7.000 y 11.000 dólares.
«Vamos a iniciar un proceso en contra de esta empresa solicitando, obviamente, una conciliación de cuentas respecto al precio referencial del equipamiento, de lo que se ha pagado y de lo que falta», ha explicado en rueda de prensa en La Paz Coímbra.
El ministro ha aclarado que hasta la fecha de los 4,7 millones de dólares que debía costar la transacción, el Gobierno boliviano ha desembolsado 2,2 millones y ha frenado el desembolso del resto. «Tenemos que sentarnos con la empresa y tenemos que establecer una conciliación de cuentas», ha sostenido, según informa el diario local ‘La Razón’.
Por otra parte, ha adelantado que el Gobierno de Jeanine Áñez va a requerir, «a través del Ministerio Público, su cooperación con el Ministerio Público español para que haga un cuestionario a la empresa que ha proveído estos equipamientos» con vistas a que «se establezca cuál es la situación legal de esta empresa en España».
Fuentes de IME Consulting habían explicado este miércoles a Europa Press que el contrato incluye el transporte de los respiradores, la actualización del software, los carritos de soporte de los respiradores, baterías y el contrato de mantenimiento durante dos años con una empresa boliviana.
Solo el transporte, dicen las fuentes, asciende a 235.000 euros de los que el Gobierno boliviano asume 185.000. Así, IME Consulting afirma que, de un contrato de 4,4 millones de euros, su margen es de unos 800.000 euros, pero que es posible que tenga que hacer frente a gastos en los próximos dos años.
Así, la empresa se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia boliviano, para enviar la documentación sobre el pedido y ha advertido de que si no se paga en tres días demandará por incumplimiento de contrato y no enviará las baterías y accesorios que faltan.
PIDEN PRISIÓN PROVISIONAL PARA LOS DETENIDOS
Coímbra se ha referido también a la situación de cinco detenidos hasta la fecha por el supuesto sobrecoste en la adquisición. Se trata del ya exministro de Salud Marcelo Navajas así como de los directores jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovani Pacheco, y dos asesores del BID.
El titular de Justicia ha solicitado su envío a prisión de forma preventiva, así como que se anoten sus bienes y se congelen sus cuentas en el marco del proceso por daño económico al Estado. «En esta investigación no hay ningún tipo de impunidad y encubrimiento», ha declarado en entrevista en Unitel.
«El Ministerio de Justicia está pidiendo la detención preventiva para que no obstaculicen la investigación, para que se garantice su presencia dentro de la investigación y en poco tiempo los llevemos a un proceso judicial donde tendrán que establecer su descargo, y nosotros vamos a establecer sus responsabilidades», ha añadido.
