México roza los 500.000 casos de coronavirus, después de sumar casi 6.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, según el último balance proporcionado por las autoridades sanitarias del país latinoamericano.
La Secretaría de Salud ha informado de que, en las últimas 24 horas, se han constatado 6.148 nuevos contagios, que han elevado el balance global de México hasta los 449.961. Asimismo, los 857 fallecimientos más han un acumulado de 48.000 víctimas mortales debido a la COVID-19.
En cuanto a la ocupación hospitalaria, el director de Epidemiología de México, José Luis Alomía, ha revelado que, actualmente, 16.760 camas de hospital generales están disponibles, mientras que 13.827 están ocupadas.
En referencia a las camas de unidades de cuidados intensivos o que cuentan con un respirador mecánico, Alomía ha señalado que 6.938 están libres y 3.925 ocupadas, según ha informado el diario local ‘El Universal’.
Nuevo León es el estado con mayor ocupación hospitalaria, tanto en camas generales como en críticas, con el 73 por ciento y el 66 por ciento, respectivamente. En camas generales, le siguen Coahuila y Nayarit, con un 69 por ciento en ambos estados. En camas críticas, Colima ocupa el segundo puesto, con un 60 por ciento de ocupación, y Tabasco el tercero, con un 53 por ciento.
Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha respaldado la decisión de la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de no imponer multas contra quienes no usen mascarilla en el transporte público de la ciudad.
«Me parece una buena decisión, la mascarilla es un instrumento auxiliar de la prevención para interferir con la propagación del virus, pero en todas las medidas de salud pública que hemos propuesto hemos hecho énfasis en la importancia de no focalizarlas sobre individuos», ha dicho López-Gatell.
En este contexto, ha justificado que es por «una larga historia de una procuración de justicia deficiente o muy conocida y vergonzosa historia de agresiones a los Derechos Humanos cometidas al amparo de la fuerza pública».
Además, aunque ha destacado que desde el Gobierno se recomienda el uso de esta medida preventiva, ha detallado que no se implementará de forma obligatoria porque se podrían producir discursos de odio sobre las personas que no la usen.
