Los principales medios de comunicación brasileños han anunciado una iniciativa para recopilar los datos sobre el coronavirus directamente en las secretarías de Sanidad de los estados para dar así los datos que el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro niega tras un polémico cambio de criterio de contabilización.
El Ministerio Público Federal ha abierto un procedimiento extrajudicial para investigar los retrasos y omisiones en la difusión de los datos sobre el nuevo coronavirus que han permitido reducir drásticamente el número de fallecidos y contagiados en las estadísticas oficiales.
El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha informado de un cambio en la «metodología» que ha permitido reducir de más de 1.000 a 904 los fallecidos en 24 horas pese a la clara tendencia ascendente de la curva del país.
El cambio consiste concretamente en contabilizar los fallecidos y contagios detectados en las últimas 24 horas, sin incluir el acumulado de casos anteriores. Bolsonaro explica en una nota difundida en redes sociales por el Ministerio de Sanidad que el formato utilizado desde el inicio de la epidemia no ofrece una representación del «momento del país».
En respuesta, ‘Estadão’, G1, ‘O Globo’, ‘Extra’, ‘Folha’ y UOL publicarán así las cifras de fallecidos y contagiados. «La misión del periodismo es informar. A pesar de la disputa natural entre medios, el momento actual de pandemia exige un esfuerzo para que los brasileños tengan el número más correcto de contagiados y fallecidos», ha destacado el director general de Periodismo del grupo Globo.
El director de redacción de ‘Folha de Sao Paulo’, Sérgio Dávila, ha destacado que «en una sociedad organizada como la brasileña, es prácticamente imposible omitir o distorsionar datos fundamentales como los del impacto de una pandemia». «La prensa no permitirá que nuestros lectores se queden sin saber la extensión de la COVID-19», ha subrayado.
El director de Periodismo del Grupo Estadao, João Caminoto, ha apuntado que «es triste tener que fabricar este levantamiento para sustituir una omisión de las autoridades federales».
