Una trabajadora sanitaria recibe una dosis de la vacuna de Sinopharm
Germán Málaga, el principal investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) a cargo de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Siphopharm, ha acudido a la sede de la Fiscalía de Perú para comparecer en el marco del escándalo por la vacunación extraoficial de cientos de altos cargos.
El investigador ha sido suspendido después de que saliera a la luz el conocido como ‘Vacunagate’, que también ha llevado al cese y la dimisión de varios ministros del Gobierno peruano.
A cargo de la investigación, que por el momento apunta a casi 500 personas vacunadas de forma subrepticia, se encuentra Ramiro González Rodríguez, fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, según informaciones de la emisora de radio RPP.
La Procuraduría Anticorrupción solicitó hace una semana la apertura de diligencias preliminares contra Málaga y otras personas implicadas en la vacunación irregular de la COVID-19.
La solicitud comprendía también a Orestes Cachay, Carlos Castillo, Jorge Jarama y otros especialistas por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de «negociación incompatible».
El país se ha visto golpeado por un escándalo que involucra a numerosos altos cargos y familiares, quienes se habrían vacunado antes de que comenzara la campaña de inmunización a nivel nacional.
Entre estos personajes políticos figuran el exmandatario Martín Vizcarra, quien admitió haber sido vacunado en octubre, semanas antes de que fuera destituido por el Congreso. El exviceministro de Salud Pública Luis Suárez y las ahora también exministras de Exteriores y de Salud, Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti, respectivamente, también fueron vacunadas antes de tiempo.
Ambas exministras renunciaron a sus cargos al considerar como un «grave error» haber aceptado la inyección. Ante esta situación, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Vizcarra, que habría incurrido en delitos contra la administración pública.
Posteriormente, se hizo pública una lista de 487 personas que se habrían vacunado extraoficialmente. Finalmente, la Comisión ‘Vacunagate’ presentó un informe en el cual precisa que son 470 las personas involucradas.
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