Un duro golpe

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La guerra entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los propietarios del Grupo Clarín, el principal conglomerado mediático de Argentina, ha sellado un nuevo capítulo. El ministro de Planificación, Julio De Vido, ha decidido retirar la licencia a la operadora de internet Fibertel, propiedad del Grupo Clarín, por presunto incumplimiento de la normativa de las telecomunicaciones, al considerar que traspasó ‘sin autorización previa’ los servicios de Fibertel a Cablevisión cuando se fusionaron ambas empresas. Desde el conglomerado mediático argentino han asegurado a través de un comunicado que la medida es “ilegal y arbitraria y forma parte de una escalada cada vez más totalitaria”. La guerra entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los propietarios del Grupo Clarín, el principal conglomerado mediático de Argentina, ha sellado un nuevo capítulo. El ministro de Planificación, Julio De Vido, ha decidido retirar la licencia a la operadora de internet Fibertel, propiedad del Grupo Clarín, por presunto incumplimiento de la normativa de las telecomunicaciones, al considerar que traspasó ‘sin autorización previa’ los servicios de Fibertel a Cablevisión cuando se fusionaron ambas empresas. Desde el conglomerado mediático argentino han asegurado a través de un comunicado que la medida es “ilegal y arbitraria y forma parte de una escalada cada vez más totalitaria”.

Julio De Vido, durante la rueda de prensa que anunciaba la caducidad de la licencia de Fibertel, ha asegurado que la absorción de Fibertel por parte de Cablevisión, también propiedad del Grupo Clarín, es lo que ha imposibilitado la renovación de la licencia. «No puede hacerlo más. Queda desautorizada a prestar servicios», dijo De Vido.

«Fibertel dejó de existir por decisión propia». «Anunciaron una fusión que nunca fue aprobada», aseguró el ministro de Planificación. A partir de ahora los clientes de Fibertel tienen 90 días para cambiar de proveedor, el tiempo otorgado a la compañía para que cese sus operaciones.

Sin embargo desde el Grupo Clarín se defienden argumentando que dicha operación había sido aprobada por la Secretaría de Comunicaciones del país latinoamericano. Según han informado los portavoces del conglomerado mediático a través de un comunicado, la absorción societaria se realizó en 2002 y fue aprobada por la Inspección General de Justicia, el organismo competente para estas operaciones.

Desde el Grupo Clarín consideran la medida “claramente abusiva y enmarcada en el plan de trabas y hostigamiento administrativo del Gobierno”, ya que diez días antes el ente público recomendó a la compañía “abstenerse de contratar nuevos usuarios y de modificar sus servicios de internet”.

Durante el día que se anunció la medida, tanto el Gobierno como el Grupo Clarín han publicado duros comunicados en la prensa local lanzándose acusaciones mutuas. Desde la compañía han asegurado en varios medios que “el Gobierno pretende dar de baja la licencia del servicio de Internet que eficientemente está brindando Cablevisión a través de su marca Fibertel. La medida busca atacar a sus clientes, reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), también a través de notas publicadas en los medios impresos, ha asegurado que “es importante destacar ante malintencionadas versiones que la decisión es una sanción ante la inexistencia de la persona física titular de la licencia, toda vez que de manera unilateral y sin autorización previa de la autoridad de aplicación la empresa Fibertel se disolvió y fue absorbida por la empresa Cablevisión Sociedad Anónima”.

Esta medida se produce en un momento en que el Grupo Clarín y el Gobierno están enfrentados en una férrea disputa por el futuro del sector de los medios de comunicación y ambas partes se acusan mutuamente de corrupción, deshonestidad y abuso de poder.

Los ejecutivos de la compañía, que ya vieron como se quedaron sin los derechos televisivos de los partidos de primera división del fútbol argentino, no piensan quedarse de brazos cruzados, y ya han anunciado que demandarán al Gobierno. Desde el conglomerado ya han asegurado que la firma “seguirá brindando con normalidad su servicio de internet y ejercerá todas las acciones judiciales para defender los legítimos derechos de sus clientes».

El año pasado, la presidenta Cristina Fernández promulgó la ley de Servicios Audiovisuales, que ahora se encuentra en tribunales, que reorganiza al sector y obliga a Clarín a vender activos clave.

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