La diputada y vicepresidenta del Parlamento de Honduras, Lena Gutiérrez, y tres miembros de su familia han sido acusados por la Fiscalía del país latinoamericano por varios delitos contra la salud, fraude y falsificación de documentos públicos. La diputada y vicepresidenta del Parlamento de Honduras, Lena Gutiérrez, y tres miembros de su familia han sido acusados por la Fiscalía del país latinoamericano por varios delitos contra la salud, fraude y falsificación de documentos públicos.
En concreto, varios fiscales se han personado en la sala de los tribunales de Tegucigalpa para acusar a la vicepresidenta del legislativo y miembro del gobernante Partido Nacional junto a su padre, Marco Tulio Gutiérrez y sus hermanos Julio y Gisentee.
La Fiscalía sostiene que los cuatro miembros de la familia Gutiérrez eran socios de la empresa Astropharma, que presuntamente habría venido medicamentos que no cumplían los requisitos mínimos de calidad.
Gutiérrez se ha defendido asegurando que las acusaciones son falsas puesto que “Astropharma no era ni ha sido fabricante de medicamentos, solo es una droguería, por tal razón no fabrica, no elabora, ni produce ningún tipo de medicinas, pastillas o medicamentos”.
El país presidido por Juan Orlando Hernández se encuentra en medio de una serie de acusaciones contra empresarios y funcionarios públicos que los vinculas por fraude y corrupción contra organismos estatales, especialmente los vinculados con el sector sanitario.
De hecho, el propio Hernández ha llegado a admitir que su partido recibió fondos que provinieron de las empresas investigadas por el escándalo del Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) en su campaña electoral de 2013.
Estas denuncias han cristalizado en movilizaciones por parte de los jóvenes hondureños que se consideran ‘la oposición indignada’ y que marchan por las calles del país mostrando su repudio a todo lo que está ocurriendo.
Los dirigentes de estas movilizaciones, ha señalado la prensa latinoamericana, han reclamado que se instaure una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) de las Naciones Unidas, similar a la que funciona en Guatemala, así como la dimisión del presidente Hernández.
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