¿Garantía de abastecimiento o intervencionismo?

Cristina Fernández, presidenta de Argentina
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El Gobierno argentino ha aprobado la Ley de Abastecimiento gracias a su mayoría en el Parlamento. Unas medidas que empresarios y oposición consideran que buscan un mayor control de las empresas por parte del Estado. El Gobierno argentino acaba de aprobar la polémica reforma de la Ley de Abastecimiento gracias a la mayoría parlamentaria del ‘kirchnerismo’ y sus aliados en el Parlamento. Unas medidas que, para la oposición y los empresarios, lo que pretenden es un mayor intervencionismo del Estado en los negocios privados.

Estos sectores entienden que, en lugar de mejorar la defensa del consumidor y la promoción de la competencia que asegura defender el Ejecutivo de Cristina Fernández, lo único que busca esta legislación es que el Gobierno tenga un mayor control sobre las actividades y la producción de las compañías

“En un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión que permita generar empleo de calidad y crecimiento económico, iniciativas como esta, además de su inconstitucionalidad, van claramente en sentido contrario a esos objetivos que el propio Gobierno Nacional manifiesta promover”, ha apuntado la Unión Industrial Argentina en un comunicado, según informa Efe.

La nueva Ley de Abastecimiento regula las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo de los bienes y servicios, con el objetivo de evitar “abusos” en el mercado para los consumidores, según el texto del proyecto.

De esta manera, se pretende hacer frente al desabastecimiento en momentos de escasez, pues el Gobierno podrá obligar a las compañías a producir bienes, aunque esto suponga pérdidas para las empresas.

Según el Ejecutivo, favorece además la justa competencia al sancionar la acaparación de materias primas o las desmesuradas subidas de precio injustificadas. Aunque de estos últimos apartados quedan excluidas las pymes por no tener una posición dominante en el mercado.

Por ello, el Gobierno defiende que la nueva normativa “permite defender a las pequeñas y medianas empresas, promover la inversión, estimular el empleo en las economías regionales y establecer condiciones de regulación por parte del Estado, a los efectos de evitar el abuso de posición dominante y apropiación indebida de excedentes en la cadena de producción”, ha apuntado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

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