La decisión de La Habana de liberar a 52 presos políticos en los próximos meses, los últimos que permanecen en prisión del Grupo de los 75 encarcelado en 2003, ha generado una oleada de entusiasmo en el ‘lobby’ antiembargo estadounidenses, financiado y conformado por empresarios, industriales turísticos, petroleros y agroalimentarios, que tienen, o esperan tener a medio plazo, intereses económicos en el país. La decisión de La Habana de liberar a 52 presos políticos en los próximos meses, los últimos que permanecen en prisión del Grupo de los 75 encarcelado en 2003, ha generado una oleada de entusiasmo en el ‘lobby’ antiembargo estadounidenses, financiado y conformado por empresarios, industriales turísticos, petroleros y agroalimentarios, que tienen, o esperan tener a medio plazo, intereses económicos en el país.
Fuentes de este grupo, consultadas por Americaeconomica.com, creen que los resultados de la negociación entre el Gobierno cubano, la Iglesia católica y el ministro español Miguel Angel Moratinos, constituyen el tipo de gesto al que hacía referencia el presidente de EEUU, Barack Obama, cuando en una conversación con el mandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, explicaba que era necesario que las autoridades de la isla hicieran un gesto que les permitiera seguir con su política de desmantelamiento de las medidas implementadas por George Bush para endurecer el embargo.
Por eso, estas fuentes se muestran optimistas, aunque mantienen la cautela e indican que los resultados no llegarán de un día para otro. Y, además, diferencian entre las dos tipos de actuaciones que habrían de llevarse a cabo para una normalización plena de las relaciones bilaterales que, por ahora, sitúan bastante lejos del escenario actual.
Ordenes presidenciales. Hay asuntos, como aquellos que estaban regulados por órdenes presidenciales en los que la actual Administración ya ha intervenido. Desde el levantamiento a los límites impuestos a las remesas hasta la permisividad actualmente establecida para los viajes a la isla de los ciudadanos cubanoamericanos con familia en la mayor de las Antillas, sin olvidar, el creciente flujo de intercambios culturales, en los que este clima ya se ha dejado sentir con fuerza.
Otros giros, de mayor calado, como podrían ser la derogación de la Ley Helms Burton, la liberalización total de los viajes o el propio levantamiento del embargo, requieren ya de la intervención del Congreso y el Senado y de un escenario distinto que sólo cuando se hayan celebrado las elecciones al Congreso del otoño podría dibujarse.
Desde el ‘lobby’ antiembargo, cada vez más instalado en Washington y con buenas conexiones políticas en los dos partidos, se pretenden cambios legales de mayor sencillez que, en algunos casos, implican a ambos Gobiernos, pero que no requieren de pompas o grandilocuencias diplomáticas para empezar a ser efectivos. Por ejemplo, admitir, con una vuelta de tuerca a las exenciones humanitarias previstas en el propio embargo, que han permitido el florecimiento de un comercio alimentario bilateral más que creciente en la última década.
Otro de los objetivos inmediatos del lobby antiembargo es conseguir, por medio de un simple cambio regulatorio del reglamente sobre la isla que maneja el Tesoro de EEUU, que Cuba pueda pagar a crédito al menos parte de los alimentos que adquiere y que ahora debe abonar en efectivo. O también que se abra la puerta a la posibilidad, a la que las autoridades cubanas parecen estar dispuestas, de que las empresas alimentarias estadounidenses prefinancien cosechas.
Más complicada resulta a medio plazo la posibilidad de que el plan que impulsa Carlos Saladrigas, cabeza visible del Cuba Study Group, pueda llevarse a cabo. En este caso, sin embargo, parte de las reticencias provienen del entorno de Raúl Castro.
Saladrigas propone que se permita a los cubanoamericanos estadounidenses que lo deseen invertir en el tejido productivo de la isla para fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas con cuentapropistas residentes en la isla.
Aunque, la idea aún puede tardar en convertirse en realidad, quizá, de nuevo en el entorno del sector agrícola que el Gobierno cubano necesita poner a producir con urgencia, podrían encontrarse vías de acuerdo. Siempre dentro de un escenario que dejara claro que la propiedad de las tierras implicadas en la operación pertenece a Cuba.
En las dos últimas ocasiones, incluida la anuncida ayer, en las que el Gobierno cubano ha optado por liberar a un número considerable de presos políticos hay algunas características comunes que considerar. Desde luego, la presencia de la Iglesia Católica como parte activa de las negociaciones es una de ellas.
Cómo recuerdan en estos días todos los artículos de prensa la amnistía anterior se produjo en coincidencia con la visita del Papá, Juan Pablo II. Pero, sin duda, hay otra circunstancia a considerar, que también juega un papel determinante.
Se trata de los problemas financieros del país. Un estado sin crédito a quién ya, hasta socios tan pacientes como Vietnam empiezan a pedir algún que otro pago. Los 52 presos que van a liberarse en los próximos tres o cuatro meses irán abandonadon la cárcel en movimientos paralelos a otros que deben producirse en EEUU y la UE y en los que deben liberarse fondos con destino a la Isla. O mejor dicho, eliminarse algunas trabas que impiden ahora que esas ayudas financieras estén disponibles.
Sin cambios en la Posición Común Europea, Cuba no puede beneficiarse ni siquiera de los Fondos de Cottonou que se entregan a otras antiguas colonias de países de la UE. Y, luego, evidentemente está la posible liberalización total de los viajes de los estadounidenses, un objetivo que algunos diplomáticos europeos con residencia en La Habana no sitúan en la agenda del Gobierno cubano. Al menos, por ahora. Más bien, se espera que las compras de alimentos a empresas estadounidenses que ahora se pagan en efectivo puedan empezar a pagarse a crédito. O mejor aún, que las multinacionales estadounidenses del sector puedan financiar producciones cooperadas en la Isla.
