El nuevo jefe del Gabinete argentino, Jorge Capitanich ha anunciado que el Gobierno trabajará para aumentar el empleo, la producción y las exportaciones. Además, el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner tomará medidas en el mercado cambiario. El nuevo jefe del Gabinete argentino, Jorge Capitanich ha anunciado que el Gobierno trabajará para aumentar el empleo, la producción y las exportaciones. Además, el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner tomará medidas en el mercado cambiario.
La prensa latinoamericana ha querido destacar así las conclusiones más importantes del político en su nuevo cargo. Capitanich señaló, en concreto, que el Gobierno argentino mantendrá “un tipo de cambio con flotación administrativa”, en referencia a las restricciones cambiarias que rigen desde finales de 2011.
Desde que se tomó aquella decisión económica, dos años atrás, ha surgido un mercado paralelo de compraventa de divisas ante la dificultad de conseguirlas por cauces oficiales.
A pesar de haber hablado de este asunto, el antiguo gobernador de Chaco prefirió no pronunciarse sobre un posible desdoblamiento bancario, aunque si que advirtió de que ciertas importaciones de lujo serán más costosas que ahora.
Para él, “es mucho más importante tener insumos especiales para la cadena productiva que para comprar coches de lujo que satisfacen solo a algunas personas”.
Llegado el caso, de querer alguien hacerse con uno de esos productos, deberá pagar más por ello, según él. “Queremos defender el trabajo de los argentinos y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para tener mayor expansión económica”.
En otra de sus intervenciones, ha señalado que el Ejecutivo trabajará sin “anuncios grandilocuentes, pero sin con mucha eficacia para generar condiciones de previsibilidad en la economía”.
Como no podía ser de otro modo, también salió en la ruda de prensa el tema de la inflación, del que señaló que se está negociando con todos los actores de la cadena de valor para buscar “precios razonables para el consumidor y frenarla”. Las consultoras privadas colocan la inflación por encima del 25% anual, mientras que el Gobierno la coloca en el 10,5%.
