A las movilizaciones de los indígenas brasileños y bolivianos ahora se unen las de los argentinos. Este colectivo, que supone en torno al 1% de los 40 millones de habitantes del país, exige el cumplimiento de las leyes que los protege. A las movilizaciones de los indígenas brasileños y bolivianos ahora se unen las de los argentinos. Este colectivo, que supone en torno al 1% de los 40 millones de habitantes del país, exige el cumplimiento de las leyes que los protege.
Según comenta el diario español El País, en torno a 400 aborígenes organizaron a lo largo de esta semana una cumbre nacional de pueblos originarios en la que protestaban por los desalojos de sus tierras, la explotación de recursos naturales, la pobreza y el asesinato de 18 de ellos en los últimos cinco años.
El encuentro ha tenido lugar a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, pero no es la única movilización de los indígenas, que llevan acampados desde ayer en la Casa Rosada y no se moverán hasta que la jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, los reciba.
Tal y como manifiestan el periódico del grupo Prisa los pueblos de indígenas no lo han tenido fácil, tras la independencia de Argentina han sobrevivido a duras penas y en los últimos años, además, se han encontrado con que sus tierras se han revalorizado debido a la bonanza en los precios de las materias primas.
Durante el congreso (que ha tenido lugar en la ciudad de Formosa) los aborígenes argentinos de han quejado del avance de la explotación de la minería, así como la del petróleo, la soja, la ganadería y la forestación, que ocupa su territorio y devasta su forma de vida.
Hace siete años una ley de ámbito nacional estableció una moratoria de los desalojos de indígenas que, según la Constitución del 94 les pertenecen por su condición de pueblos preexistentes a la conformación de Argentina. Los desahucios se congelarían hasta que el Gobierno federal realizase un censo de los territorios ancestrales.
A pesar de todo esto, durante la reunión de Formosa, los aborígenes denunciaron que el Estado se gastó casi el 80% del presupuesto previsto para ese sondeo en sólo el 24% de las comunidades de su territorio.
Además, en dicha reunión, los indígenas hablaron de la pobreza en la que viven y de la falta de atención del Estado que reciben en cuanto a salud, educación y empleo.
