Venezuela ‘se cuela’ en la campaña electoral española: el PP auditará las subvenciones concedidas a organizaciones ‘chavistas’

El Partido Popular ha presentado este lunes su programa electoral para las elecciones generales del 28 de abril donde enfatiza su preocupación por la situación política de Venezuela. Sin embargo, este interés no se traslada a cuestiones nacionales como la corrupción política o los salarios de los trabajadores.

En 102 páginas de programa hay espacio para resumir 500 medidas. Entre ellas, la propuesta de crear un Estatuto de protección temporal para venezolanos. El Estatuto les concederá, entre otras cuestiones, un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por el territorio y un permiso de trabajo.

El PP asegura que aprobará un Programa de Asistencia para la Reconstrucción de Venezuela que abarcará desde ayuda humanitaria de emergencia –alimentos y medicinas- hasta cooperación para la puesta en marcha de una economía de mercado, formación de los miembros de la Administración, capacitación de la población “y todo lo necesario para la reconstrucción institucional y del tejido productivo de un país destruido por el socialismo bolivariano”.

El equipo de Casado insiste además en que auditarán todas las subvenciones otorgadas a organizaciones que han colaborado con “la dictadura venezolana”.

A lo largo del programa, el Partido Popular explica que España tiene el deber y la obligación de denunciar a los dictadores y “apoyar a los demócratas en Venezuela, Cuba y Nicaragua, ayudándoles a tener una voz potente en Europa. Nuestro compromiso va más allá y defendemos la libertad en cuantas naciones alrededor del mundo sufren un régimen opresor y totalitario”.

En ese sentido, afirman que apoyarán “a los demócratas de Cuba” para impulsar una transición política que permita dar paso a una democracia y poner fin “a la dictadura más longeva de Iberoamérica”.

Sobre Marruecos, sin embargo, Casado apuesta por redoblar la colaboración en el arco mediterráneo con los países del norte de África “para potenciar su estabilidad y desarrollo, especialmente con Marruecos, a quien ofreceremos un nuevo Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación”.

Sin rastro de la corrupción

Ocho veces la palabra Venezuela (o venezolanos/as) y ninguna ‘corrupción’. El Partido Popular se ha olvidado de ella en su programa electoral a pesar de que la formación se ha visto salpicada por ella en los últimos años, ya sea la trama Gürtel, la Lezo o la Púnica.

Mientras que PSOE o Unidas Podemos abogan por un plan nacional contra esta ‘lacra’, los de Casado no se refieren a este asunto en sus más de 100 páginas.

Una actitud similar a las inexistentes propuestas que lanza el PP sobre los salarios.

Sin Memoria Histórica y rebaja fiscal

En su programa electoral, el PP propone una rebaja fiscal del IRPF para “todos los contribuyentes”, situando el tipo máximo por debajo del 40%. Asimismo, la formación conservadora se compromete a aprobar una “Ley de Concordia” que derogará la Ley de Memoria Histórica.

La memoria sí es importante para las víctimas de ETA. De hecho, los populares quieren que los crímenes de esta banda terrorista sean considerados como crímenes contra la humanidad para evitar su prescripción.

En cuanto a los impuestos, los parados de larga duración “que inicien un negocio no pagaran impuestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años”. Y no serán los únicos gravámenes que ‘tocarán’.

En concreto, se anuncia una rebaja en el Impuesto de Sociedades, “situando el tipo máximo por debajo del 20%”, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y la eliminación del relativo a Sucesiones y Donaciones “para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges”. A esto hay que sumar que los populares se comprometen a eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados “para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual” y las tasas que graban específicamente al turismo.

Las pensiones también tienen su ‘hueco’ en la oferta electoral del PP. Los de Pablo Casado explican que harán “compatible la percepción de un porcentaje ascendiente de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena, con acuerdo de su empleador”. Asimismo, aplicarán una exención, “con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse”, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación.

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