Venezuela asegura que la amenaza de sanciones contra el TPI lanzada por Trump «atenta» contra su «autonomía»

Venezuela ha rechazado este jueves «categóricamente» la autorización que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sancionar a los miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) que participen en investigaciones de casos que afecten al país o a sus aliados y ha asegurado que «atenta» contra la «autonomía» de la corte con sede en La Haya.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de Venezuela, el Ejecutivo de Nicolás Maduro critica la decisión de Trump porque «abre las puertas a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias y punitivas contra el TPI, demostrando una vez más su absoluto irrespeto a los principios del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos».

Así, a juicio del Ejecutivo venezolano, la decisión tiene la intención de «sustituir» el sistema multilateral por «la peligrosa visión unilateralista y excepcionalista, con la que pretenden dominar a la humanidad, al margen de la legalidad».

Por otra parte, las sanciones en cuestión son «un acto de presión y ‘bullying’ internacional inaceptable», según Venezuela. «No hay duda de que el mundo está ante una huida preventiva hacia adelante de Donald Trump, con el propósito de incidir en las investigaciones actualmente en curso de ese tribunal frente al cúmulo de evidencias disponibles que confirman la responsabilidad de sus agentes en crímenes de guerra y lesa humanidad en el mundo entero, incluida Venezuela», agrega el texto.

Por último, Venezuela ha hecho un llamamiento a los estados firmantes del Estatuto de Roma y al resto de la comunidad internacional para «repudiar este tipo de prácticas ‘gansteriles’ que atentan contra la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad».

El Gobierno venezolano formuló una denuncia ante el TPI por los supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela a causa de las sanciones estadounidenses.

Trump ha autorizado la imposición de sanciones económicas contra los miembros del TPI que estén implicados en investigaciones contra Estados Unidos, con el objetivo de «proteger a los militares» y «defender las soberanía nacional».

En el fondo subyace la investigación que dirige la fiscal general del TPI, Fatou Bensouda, por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, incluidas las tropas estadounidenses.

«El TPI se creó para que rindiesen cuentas criminales de guerra, pero en la práctica ha supuesto una burocracia internacional ineficaz que ataca y amenaza al personal de Estados Unidos, así como al de nuestros socios y aliados», por «motivos políticos, ha esgrimido la Casa Blanca.

Estados Unidos también reprocha a La Haya que Bensouda abriera el año pasado una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino, lo cual pone en el punto de mira a Israel, estrecho aliado de Washington.

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