El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha afirmado este miércoles que ha sido inscrito como preso y ha acusado a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) de su puesta en arresto domiciliario, una decisión tomada «sin pruebas».
«Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por FARC, su nueva generación y sus aliados», ha señalado el exmandatario a través de su cuenta en la red social Twitter
«Sin pruebas, sólo inferencias. Me Interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia», ha manifestado Uribe.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ordenó el 4 de agosto poner bajo arresto domiciliario a Uribe en el marco del caso abierto contra él por supuesto fraude procesal y soborno de testigos, en lo que supone la primera vez en la historia del país en la que se impone una medida así a un antiguo jefe de Estado.
El senador colombiano, cuya figura divide al país, tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares.
De hecho, el citado proceso comenzó cuando el ahora senador inició uno contra el legislador izquierdista Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.
Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio ex presidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.
Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a ex paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que se desmovilizó durante su Gobierno.
Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estos grupos están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.
