El Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá ha ordenado este jueves poner bajo arresto domiciliario a Diego Cadena, exabogado del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, en el marco de la investigación por soborno y fraude procesal que se desarrolla en su contra.
El caso está relacionado con la investigación que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia contra Uribe, que también fue puesto bajo arresto domiciliario esta semana por supuesto fraude procesal y soborno de testigos.
En concreto, Cadena está investigado por visitas que realizó a exparamilitares para, supuestamente, persuadirlos para hablar en favor de Uribe en la CSJ, gestión que incluyó pagos y supuestas promesas de dádivas.
El tribunal entiende que dejarlo bajo arresto domiciliario evitaría actos que pudieran atentar contra la impartición de justicia, según ha informado el diario colombiano ‘El Espectador’.
«Él participa, es quien aborda a las personas, da las órdenes de pago, según las pruebas», ha zanjado el juez durante la audiencia, donde ha criticado que la conducta de Cadena «se irradió a diferentes escenarios». «Ha superado barreras físicas como los muros de los establecimientos carcelarios y ha permeado a la CSJ y al Congreso», ha señalado.
En este proceso también está involucrado el abogado Juan José Salazar, socio de Cadena, que, según la Fiscalía, colaboró con el presunto soborno al exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Salazar, imputado por los mismos delitos, no se someterá a prisión domiciliaria porque, a juicio del juez, no representa el mismo riesgo que Cadena.
Uribe, cuya figura divide al país, tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares.
EL PROCESO CONTRA URIBE
De hecho, el proceso contra Uribe comenzó cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra el exsenador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.
Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.
Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.
Por otra parte, ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestas omisiones para impedir una masacre cometida por paramilitares en 1996, cuando era como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde el 2014.
Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.
