El fiscal general de la Venezuela, Tarek William Saab, ha rechazado este miércoles las últimas sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) a los fiscales Farik Mora y Dinorah Bustamante y las ha calificado de «grotesco ataque contra el sistema de justicia», pues tanto ellos como el Ministerio Público trabajan para «evitar una guerra civil» en el país.
«Estos fiscales, a quienes como institución damos todo nuestro apoyo, han llevado causas en defensa de la Constitución y de la paz, son profesionales intachables de gran relieve nacional con estricto apego a la legalidad y los Derechos Humanos», ha manifestado Saab durante una rueda de prensa celebrada este miércoles con motivo del anuncio de la desarticulación de una red criminal dedicada al contrabando de vehículos en Venezuela.
«Se les acusa de socavar la democracia, cuando más bien nuestros fiscales y el Ministerio Público trabajan en evitar una guerra civil en nuestro país, haciendo cumplir las leyes a través de investigaciones penales», ha insistido Saab, para quien la UE parece no estar interesada en que se investiguen y dejar así que los «responsables gocen de impunidad para asesinar y sembrar el caos».
Mora y Bustamante se encuentran actualmente investigando los sucesos en relación al caso conocido como ‘Operación Yunque-Martillo’, en el que se habría intentado asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un desfile militar celebrado en Caracas en agosto de 2018.
A su vez, han adelantado pesquisas también acerca del intento de golpe de Estado de finales de abril de 2019 y el asalto armado a dos bases militares en el estado de Bolívar, en el este de Venezuela.
Sin embargo, la oposición ha denunciado que ambos fiscales han llevado a cabo una persecución política contra Roberto Marrero, jefe de despacho del autoproclamado «presidente encargado», Juan Guaidó, y abogado de Leopoldo López, por su supuesta implicación en los sabotajes a la red eléctrica del país que se produjeron desde marzo de 2019; y contra Juan Requesens, dirigente de Primero Justicia, acusado de estar implicado en el intento de magnicidio de Maduro.
En los últimos días, la UE ha impuesto sanciones a varios funcionarios venezolanos y dirigentes del Gobierno por su implicación en acciones que supuestamente atentarían contra la democracia y el Estado de Derecho venezolano.
Como respuesta, el presidente Maduro anunció que la embajadora de la UE en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, contaba con 72 para abandonar el país y criticó la «arrogancia» del organismo europeo a la hora de tratar los asuntos del país, muy acorde, dijo, con «una actitud heredera del viejo y asqueroso colonialismo europeo».
