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Diplomacia

Rodríguez asegura que su «principal tarea» es fortalecer las relaciones entre Bolivia y España

La Fiscalía General de Bolivia solicitó un informe a las autoridades españolas sobre la presencia en el país de los seis agentes del Grupo Especial de Operaciones.

El nuevo encargado de negocios en España de Bolivia, Gualberto Rodríguez

El nuevo encargado de negocios en España de Bolivia, Gualberto Rodríguez, ha asegurado este viernes que su «principal tarea» es fortalecer las relaciones entre ambos países tras la crisis diplomática desatada por el incidente en la Embajada mexicana en La Paz.

«Estoy pensando en tomar la posición de mis nuevas funciones en unos diez días, aproximadamente, y la principal tarea es la de establecer y fortalecer las relaciones entre Bolivia y España», ha indicado Rodríguez, al tiempo que ha informado de que pretende viajar a Madrid en los próximos días.

Este miércoles, la Fiscalía General de Bolivia solicitó un informe a las autoridades españolas sobre la presencia en el país de los seis agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española implicados en el incidente.

En este contexto, Rodríguez ha explicado que se trata «principalmente, de una tarea diplomática, una tarea de acercamiento y no tanto de investigación», según ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI.

«Eso va a competer más bien a las instancias del poder Judicial, obviamente que nosotros vamos a colaborar y prestar todo nuestro apoyo desde la Embajada en Madrid», ha agregado.

En concreto, el documento remitido al Ministerio de Exteriores solicita que por vía diplomática correspondiente se transmita la solicitud a las autoridades competentes del Reino de España para que informen sobre estas cuestiones planteadas en relación con el incidente que se ha saldado con la expulsión de dos diplomáticos españoles expulsados del país.

Los diplomáticos expulsados son Cristina Borreguero, ‘número dos’ de la Embajada, y Álvaro Fernández, cónsul. Ambos se vieron envueltos en un incidente cuando, el pasado 27 de diciembre, visitaron a la embajadora de México, Teresa Mercado, cuya residencia llevaba días cercada por las fuerzas de seguridad boliviana y terminaron expulsados del país unos días después.

Así, la Fiscalía quiere conocer «la legalidad de los pasaportes y datos identificativos presentados por el personal del GEO a tiempo de ingresar a territorio boliviano, especificando si los mismos corresponden a la identidad de dichos funcionarios y segundo; cuál es el motivo de su traslado a territorio boliviano o la tarea encomendada a dicho grupo especializado y la autoridad que solicitó su intervención».

El incidente se produjo porque, cuando visitaron la Embajada de México, los diplomáticos iban acompañados de policías españoles y el Gobierno boliviano dio credibilidad a las sospechas de vecinos de que podían estar intentando sacar de la Embajada a varios ex altos cargos del Gobierno de Evo Morales que se han refugiado allí.

En Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación negó de pleno que el objetivo de la visita fuese sacar a personas de la Embajada y anunció una investigación para conocer lo sucedido. Además, avanzó que tan pronto como estuviera terminada comparecería en el Congreso la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que ha asumido temporalmente la cartera de Exteriores.

Además, la ministra boliviana de Exteriores, Karen Longaric, aseguró que Robles le había dicho que no había autorizado esa visita a la Embajada mexicana que estuvo en el origen de los incidentes.

DIPLOMÁTICOS EXPULSADOS

Después del suceso, el Gobierno provisional de Bolivia declaró personas non gratas a los dos diplomáticos, que ya se encuentran en España. El Gobierno español lo consideró un acto hostil y reaccionó haciendo lo mismo con tres funcionarios destinados en la Embajada de Bolivia en Madrid.

Mientras, han pedido explicaciones al Gobierno PP, Ciudadanos y Vox, y varios miembros de este partido, entre ellos el eurodiputado Hermann Tertsch, se desplazaron a Bolivia y afirmaron que España le debe a este país un «gesto de desagravio» por una «situación inadmisible». Vox afirmó haber recibido del Gobierno de Jeanine Áñez «información sensible» sobre el incidente.

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